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¡Albores miente! (El caso de los Chimalapas).
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
Agosto 6 de 1999.
Respuesta
a las calumnias, infundios y
vituperios
vertidos por el Gobierno
del
Estado de Chiapas,
respeto
del Caso Chimalapas
Una vez más he tenido que esperar
pacientemente y en silencio la evolución de una feroz ofensiva que ha
movilizado a todo el aparato del Estado, a los tres poderes, al partido del
gobierno, a casi toda la prensa escrita, radio y televisión tanto las oficiales
como las oficialistas, a una gran cantidad de organizaciones privadas, sociales,
profesionales y empresariales abajofirmantes,
en fin, todo el corporativismo de estado con sus ilimitados recursos económicos
pero con su muy limitada credibilidad. Todo y todos contra un sólo hombre y,
una vez más, como en noviembre del año pasado en aquel vigente Tiempo de Canallas, la farsa, la
maniobra ha vuelto a fracasar estrepitosamente.
Con interés y sorpresa, los
chiapanecos hemos seguido muy de cerca el belicoso intercambio verbal que en
días pasados sostuvieron los gobernadores de Chiapas y Oaxaca acompañados de
sus respectivos congresos, con motivo de un artificial conflicto de límites
entre esas dos entidades. Esta disputa tuvo como principal pretexto la
comunidad de Rafael Cal y Mayor, municipio de Cintalapa, la cual, por cierto,
curiosamente no presenta problemas ni de límites ni agrarios.
En la prefabricación del conflicto
hubo el ingrediente de la actitud retadora y bravucona, luego la manipulación
del sentimiento localista para justificar una convocatoria a defender lo que
nadie estaba amenazando (soberanía, territorio, limites, dignidad etc.). Todo
para que culminara con un jalón de orejas y un convenio de siete puntos en el
que, desde el primero de ellos, se afirma que el amañado pleito “es de
naturaleza eminentemente agraria”.
Cuando todos creíamos que el
incidente deliberadamente magnificado había llegado a su fin, al reconocer su
naturaleza “eminentemente agraria”, un increíble viraje le dio continuidad al
tema, pero ahora con un cambio de escenario: de Rafael Cal y Mayor se pasó a San
Isidro La Gringa localidades totalmente opuestas y distantes, y de haber
identificado al gobierno de Oaxaca como el enemigo a vencer, ahora surgieron
nuevos adversarios: Javier López Moreno y Pablo Salazar Mendiguchía, ambos
acusados de alta traición por haber "vendido" durante su
administración, uno como gobernador y el otro como secretario de Gobierno, más
de 40 mil hectáreas de territorio chiapaneco a los vecinos oaxaqueños.
La peligrosa escalada de esta nueva
campaña en mi contra apuntalada por una amplia y grosera difusión de una visión
completamente falsa y perversamente distorsionada de lo que realmente ocurrió
hace 5 años en San Isidro La Gringa, me obliga una vez más a responder en forma
pública. De este modo pretendo atajar en definitiva esta nueva ofensiva
gubernamental que tiene como único propósito provocar mi linchamiento político
y cerrar el paso a la construcción de una alianza opositora para el año 2000.
Para responder a la acusación de la
supuesta venta de tierras a campesinos oaxaqueños, es necesario contar con un
mínimo marco de referencia que nos permita dar paso a unas breves referencias y reflexiones:
El contexto histórico.
La zona de asentamiento del pueblo
Chimalapa ubicada en la llamada Selva Zoque, que comprende los estados de
Oaxaca, Veracruz y Chiapas, presenta desde tiempos inmemoriales una gama de
conflictos de naturaleza agraria, ecológica y forestal, entre otros, pero
además, complicados por fenómenos de colonización, corrupción oficial, lucha
por derechos indígenas y, recientemente, de fuerte influencia del narcotráfico.
La región de los Chimalapas, en el
corazón del Istmo de Tehuantepec, está considerada una de las zonas de mayor
biodiversidad en México y Mesoamérica; es un territorio indígena propiedad de
los antepasados de la etnia zoque, habitado por ellos muchos siglos antes de
que existieran los estados de Oaxaca y Chiapas.
La importancia que esta zona tiene
es fundamental para el país y para el planeta, dado que en los Chimalapas
coexisten ecosistemas naturales de lo más diverso, desde selva alta lluviosa,
hasta bosques de niebla, bosques de pino encino, selva mediana y selva baja.
Esta región, de un enorme potencial
hidrológico y considerada como uno de los reductos de selva más importantes del
mundo (más de 600 mil hectáreas), ha estado sin embargo permanentemente
expuesta no sólo a invasiones, colonización y depredación sino también a las acciones del gobierno que primero amenazó
con la construcción de una autopista que atravesaría la selva y hoy desliza una
nueva arremetida con la idea de
desarrollar el megaproyecto del Istmo que acarrearía fatales consecuencias a
esta vital reserva del país.
El contexto social.
A pesar de que los zoques compraron
su propia tierra desde el año de 1687, fue hasta el año de 1967 cuando el
presidente Gustavo Díaz Ordaz expide los decretos de “Reconocimiento y Titulación de Bienes
Comunales”, uno a Santa María y otro a San Miguel, que amparan 460 mil
hectáreas, al primero, y 134 mil hectáreas al segundo, en total 594 mil hectáreas
en favor de los zoques chimalapas. Cabe hacer mención que, por diversas
razones, hasta la fecha no se han podido ejecutar en su totalidad las dos
resoluciones presidenciales, entre otras causas, porque los comuneros
chimalapas acusan a diversas autoridades federales y estatales de haber
promovido invasiones y/o colonizaciones que ya cubren más de 221 mil hectáreas
de terrenos comunales, bajo el pretexto del supuesto conflicto de límites.
Este ha sido el principal motivo por
el cual desde hace más de 30 años ha habido una situación de permanente tensión
y conflicto entre las comunidades originales zoques y las que no lo son, hecho
que se agrava por las nulas políticas gubernamentales en el área y las
deficientes resoluciones que ha emitido la Secretaría de la Reforma Agraria
que, lejos de resolver, han agravado más los problemas de por sí complejos.
Un ejemplo de ello lo constituye el
asunto que nos ocupa, el caso del ya famoso poblado San Isidro La Gringa, con
una extensión de más de 40 mil hectáreas que a pesar de haber estado
comprendido dentro de la resolución presidencial de 1967, se vio afectado por
una nueva resolución de la propia Reforma Agraria, que en 1987 (20 años
después), modifica el régimen de propiedad comunal por el de terrenos nacionales, todo con el propósito de
reconocer derechos de poseedores que se asentaron ahí después de haberse
expedido las resoluciones presidenciales de
Gustavo Díaz Ordaz.
La errónea decisión de la
dependencia federal creó un nuevo foco de tensión social entre comuneros
chimalapas que reclamaban esa área como parte de su resolución presidencial y
los nacionaleros, a quienes se les había titulado su posesión. Este nuevo
conflicto obligó a esa Secretaría a dar marcha atrás y a expedir una nueva
resolución, ahora el 18 de abril de 1994, por virtud de la cual invalidaba la
anterior y declaraba inexistente tanto la resolución de 1987 como los actos
derivados de ella, es decir, las
posesiones de los nacionaleros que se habían visto beneficiados con aquél acto
jurídico. Como resultado de lo anterior, se restituye a San Isidro La Gringa su
condición de propiedad comunal, como en el principio lo fue.
Si esta confusión creada por el
gobierno federal queda en claro, será fácilmente comprensible la solución que el propio causante del conflicto le
encontró y que culminó con este largo y doloroso proceso de enfrentamientos y
querellas, exactamente el día 8 de septiembre de 1994, con la firma del
convenio que declara a la región de San Isidro La Gringa como reserva ecológica.
Resolución que, por otro lado, en modo alguno implica modificación de limites
estatales.
Es evidente, por cierto, que la
actual administración estatal desconoce en su totalidad el contexto del
conflicto que pretende crear, así como los antecedentes históricos del problema
o, en su caso, le conviene hacerse pasar por ignorante para obtener provecho
político de esa supuesta ignorancia. Sólo así se explica que introduzcan el
elemento de la soberanía a una resolución administrativa de carácter
eminentemente agrario, como ya ha sido reconocido por la propia autoridad competente, y por Albores mismo.
San Isidro La Gringa.
Es impresionante la capacidad que el
gobernador interino Roberto Albores tiene para
encontrar “un problema para cada solución”. En su costosísima campaña
para presentarme al lado de Javier López Moreno, como vendedor de tierras
chiapanecas al vecino estado de Oaxaca, se dejó llevar, una vez más, por su
incontenible ira contra mi persona, y al hacerlo dejó claras huellas de su
particular manera de hostigar a quienes pensamos y actuamos diferente. En el
nuevo espectáculo que montó sobre el caso de Los Chimalapas, Albores pasó por
alto una serie de hechos y datos que, como ya hemos visto, refutan tajantemente
su absurda pretensión de aparecer como el héroe rescatador de lo que nunca se
ha perdido.
Respecto del caso en el que me
atribuye una responsabilidad mayor a la que políticamente en su momento me
ocupó, es necesario abundar en algunas precisiones, con el ánimo de que la
opinión pública forme su propio juicio.
Como mencioné líneas atrás, San
Isidro La Gringa, comprendido originalmente dentro de la resolución
presidencial que benefició a los Chimalapas, se conformó por un grupo de
nacionaleros que en su mayoría no eran chiapanecos sino trabajadores
zacatecanos, veracruzanos y duranguenses, entre otros, amparados por una
declaratoria global de terrenos nacionales publicada en el Diario Oficial de la
Federación, con fecha 31 de julio de 1987, la cual declaraba terrenos
nacionales 40 mil 495 hectáreas, ubicadas en el municipio de Cintalapa,
Chiapas.
Esta determinación, tomada de manera
irreflexiva, explica muy claramente la razón de los constantes conatos y
enfrentamientos violentos que durante los años siguientes se dieron entre los
originales comuneros chimalapas y los nuevos beneficiarios, nacionaleros con
derechos de posesión posteriores a la resolución de 1967.
En el contexto de la conflictiva
social que nuestro estado vivió en 1994, el gobierno federal estimó que era de
alta peligrosidad mantener abierto el canal de una confrontación que tenía la
potencialidad de detonar con una violencia similar a la de la Selva, por lo que
apresuró la solución del problema en la zona de San Isidro La Gringa y, para
tal efecto, solicitó la colaboración del gobierno del estado de Chiapas para
restituirle a esa región su carácter de propiedad comunal y de este modo
cancelar la posibilidad de un choque mayor.
La ayuda del gobierno estatal
consistiría en integrar, junto con la
Secretaría de la Reforma Agraria y la Federación Estatal de Pequeños
Propietarios Rurales, una comisión que tratara de convencer a las familias con
derechos posesionarios mediante el diálogo y la celebración de convenios que
desocuparan esos predios para dar paso a la creación de una reserva ecológica,
con el fin de proteger los recursos naturales de la zona.
Por su parte, la Secretaría de la
Reforma Agraria se comprometía a generar las condiciones y a modificar el
régimen jurídico de la tenencia de la tierra en la región para dar paso a la
creación de la reserva ecológica, lo que ocurrió con la resolución que
posteriormente emitió para restituir a San Isidro La Gringa su carácter de
tierras comunales. También se convino en que ellos se harían cargo de las
indemnizaciones con recursos federales, y ser ellos mismos los que directamente
pagaran a los beneficiarios. Es necesario insistir que, en el caso de San
Isidro La Gringa, la operación de las indemnizaciones corrió a cargo de la
Secretaría de la Reforma Agraria, tal como se había acordado con la dependencia
federal.
La Comisión Interinstitucional
designó a su vez la comisión integrada por un representante del Gobierno del
Estado, uno de la Secretaría de la Reforma Agraria y uno más de la Federación
de Pequeños Propietarios Rurales para que trataran directamente con los
ocupantes de los terrenos de La Gringa y, eventualmente, de llegar a acuerdos,
fueran ellos los que con la representación de los tres actores mencionados
firmaran los convenios individuales correspondientes. Esta comisión comenzó sus
trabajos en el mes de febrero y su primer objetivo fue levantar un censo de los
nacionaleros y constatar la superficie que cada uno detentaba. El resultado fue
de 161 personas que ocupaban aproximadamente 13 mil hectáreas.
Las minutas de trabajo fechadas el 3 de marzo
y 14 de abril de 1994, en las que aparece mi firma (y que el gobierno estatal
hizo publicar profusamente en distintos diarios chiapanecos), dan cuenta del
proceso de indemnización a los posesionarios. Este proceso, por cierto, culminó
el 9 de Julio de 1994 con el pago de la indemnización y la reubicación de las
personas beneficiadas. Muy a propósito de las insinuaciones que ahora se
intentan hacer, los diarios de esa fecha dan testimonio de un hecho de la mayor
relevancia: “Los cheques fueron entregados a las familias campesinas por Raúl
Pineda Pineda, comisionado de la Presidencia de la República para Asuntos
Agrarios en Chiapas” (Diario Popular Es!, número 14,397, Domingo 10 de julio de
1994). Es importante también recordar que dejé de ser Secretario de Gobierno el
11 de mayo de 1994, por tanto, cuando se realizaron los pagos y se desahogó el
proceso indemnizatorio ya había concluido mi responsabilidad en esa Secretaría.
Una vez desocupados los predios,
reubicados los posesionarios y cubiertas las indemnizaciones, quedaron dadas
las condiciones para que el día 8 de septiembre de 1994 (para entonces el hoy
acusado de vender terrenos ya era senador en funciones) se firmara el convenio
entre la SEDESOL y el Comité Nacional para la Defensa de Los Chimalapas que dio
creación a la reserva ecológica más grande del país asentada sobre San Isidro
La Gringa. Firmaron el convenio los representantes de la comunidad indígena de
Santa María Chimalapa, y por la Secretaría de Desarrollo Social, el Ing. Carlos
Rojas Gutiérrez titular de la misma; Miguel Limón Rojas, a cargo de la
Procuraduría Federal del Medio Ambiente, y Julia Carabias Lillo, por el
Instituto Nacional de Ecología (El Nacional y unomásuno 9/IX/1994) fungiendo
como testigos de honor los gobernadores de Oaxaca y Chiapas, Diódoro Carrasco
Altamirano y Javier López Moreno.
En su discurso, Rojas Gutiérrez
recordó que Luis Donaldo Colosio puso la primera piedra para salvaguardar el
área. Por su parte, Julia Carabias
consideró que el convenio era un instrumento para proteger “una región muy
importante en el mundo entero por los servicios ambientales que le presta, pues
aquí tenemos la mayor cantidad del patrimonio natural del país y de la
humanidad, en términos de biodiversidad” (El Nacional, 9/IX/1994). Diódoro
Carrasco se pronunció en el mismo sentido que los titulares de la SEDESOL y del
INE. Calificó de histórico el convenio y enfatizó el crucial papel desempeñado
por Colosio Murrieta en los pasos iniciales del mismo.
A cuántos tendría que llevar a
juicio Albores, si su ardid tuviera el más mínimo sustento. Muchos serían los cómplices que encubrieron la pretendida
oferta de patrimonio chiapaneco, en el que habríamos incurrido el ex gobernador
López Moreno y quien esto escribe.
El contexto político actual.
Moral, política y legalmente no
existen bases para acusarme de ilícito alguno como funcionario y representante
popular de Chiapas. Las intenciones de Albores Guillén, al orquestar su campaña
de linchamiento en mi contra, están motivadas por su encono hacia el movimiento
ciudadano que encabezo y que pretende llegar al gobierno con un programa
democrático. Es la de Albores una intentona de manipulación política disfrazada
de lucha por la soberanía de Chiapas. Esta peligrosa cruzada, por torpe y
grotesca, enseña con insospechada claridad tanto el origen de los ataques hacia
mí como sus intereses y propósitos abiertos. Por el compromiso que tengo con
los que creen en las causas que enarbolo, y por respeto a mí mismo, no quise
dejar sin respuesta este nuevo intento por descalificarme ante la sociedad.
Al dejar perfectamente claro cuál
fue el procedimiento, la naturaleza, el propósito y mi limitada intervención en
el asunto de San Isidro La Gringa, es mi obligación ética denunciar aquí frente
a la opinión pública estatal y nacional, cuáles fueron las motivaciones de
Albores para impulsar una ofensiva más en contra de mi persona. La intentona
alborista tiene su explicación en los siguientes antecedentes recientes:
En semanas pasadas se difundió, en
la ciudad de Tapachula, una amplia entrevista que me hizo el periódico El Orbe.
En ella denuncié públicamente la corrupción imperante en la administración de
Roberto Albores, particularmente la que
se comete en el DIF estatal y que se materializa en la inexplicable
contratación de lo servicios de un organismo comercial denominado Abasto
Global, S.A. de C.V. Esta empresa nació misteriosamente unos días después de
nombrado el actual gobernador interino. A esta persona moral, que fue
constituida con un raquítico capital social de 50 mil pesos, se le asignaron
jugosos contratos millonarios, entre ellos el de la distribución de desayunos
escolares, actividad para la cual esa empresa carece tanto de la
infraestructura como de la experiencia mínima. Hasta hoy nadie ha podido
explicar, por la simple razón de que es inexplicable ¿por qué se desplazó a
DICONSA en el otorgamiento de este servicio que había venido prestando con
eficiencia? ¿Por qué se le hizo a un lado siendo la única comercializadora con
el potencial para penetrar a todas las comunidades del estado y con una sólida
infraestructura para la distribución de los desayunos escolares? Tampoco se
conoce cuáles fueron los mecanismos de licitación, si la hubo, para preferir a
la empresa creada fugazmente. Y por supuesto que nadie ha podido aclarar hasta
hoy quién paga el costo de las bodegas y el transporte de los que carece Abasto
Global.
Casi simultáneamente a mi denuncia,
los diputados del Partido Acción Nacional, Juan Carlos Cal y Mayor y Victoria Rincón,
denunciaron irregularidades en la distribución de alimentos. La respuesta que
recibieron por parte de los corifeos de Albores fue la intimidación y una
ofensiva de medios, con la socorrida práctica de los famosos desplegados de prensa que no aclaran nada y sí dilapidan
muchos recursos de los contribuyentes. Por cierto, en este asunto la fracción
priísta del Congreso del Estado no mostró el mismo celo por la búsqueda de la
verdad que ahora dice tener.
Pasados algunos días, y en pleno
ejercicio de mi libertad política como legislador y ciudadano, denuncié las
dádivas que se repartieron a los legisladores priistas locales para guardar
silencio frente a la imposición de un líder que ellos no deseaban. Se me
pidieron pruebas, pero no hubo que darlas, puesto que un diario local documentó
cómo dichos diputados se habían hecho de autos lujosísimos de la noche a la
mañana. Ahí, precisamente, en la atropellada pero bien publicitada conferencia
de prensa radial, el diputado Oscar Alvarado Cook amenazó con lo que hoy es su
ansiada realización: vincularme a un mal manejo del asunto Chimalapas.
El 15 de julio pasado, la población
de Tenejapa me recibió como nunca antes una comunidad tradicionalmente priísta
había recibido a un político opositor. La recepción de que fui objeto, la gran
concentración de pobladores, así como la inusual entrega del bastón de mando
por parte de alcaldes tradicionales a un aspirante al gobierno del estado, no
priísta, provocó una enorme irritación al gobernador interino. Éste, en uno de sus
típicos arranques autoritarios, convocó a una reunión de gabinete con el único
propósito de exhibir a sus colaboradores y recriminarles la “falta de control
político” (acusación digna de un dictador) en la zona indígena, como si esa
fuera la función de los servidores públicos.
Con estos antecedentes, y la abierta
amenaza pendiente, Albores Guillén, con motivo de su visita a la zona de Los
Chimalapas, echó a andar en la última semana toda la maquinaria del Estado en
mi contra. Antes, en noviembre del año pasado, apeló al sentimiento priísta
para intentar lincharme públicamente. Hoy, en un nuevo intento de
descalificación, invoca el sentimiento chiapaneco para provocar una
generalizada irritación social en mi contra, a partir del irresponsable y
temerario manejo de un asunto de la más alta peligrosidad por la problemática tan compleja que tiene
el caso de Los Chimalapas.
La obsesiva intención de Albores por
liquidarme políticamente, lo ha llevado a la locura de crear un conflicto
artificial de límites con el vecino estado de Oaxaca, y a partir de ese
inexistente litigio construir un argumento de regionalismo ramplón para
exacerbar el sentimiento chiapaneco. Pretende así envolver el ánimo social en
un absurdo espíritu guerrero para defender territorio y soberanía, sólo
amenazados en su afiebrada imaginación.
Una vez explotado el tema y
manipulado el inexistente conflicto a través de un grosero manejo de medios de
comunicación, en su mayoría incondicionalmente puestos al servicio del poder
autoritario y amenazante de Albores, lo que faltaba era encontrar un
responsable, y fue allí donde surgió la verdadera agenda escondida del
gobernador interino: el culpable se llama Pablo Salazar, el verdugo favorito de
esta mini administración.
Llama poderosamente la atención el
hecho de que el artificial conflicto de límites inventado por Albores estaba
ocurriendo en la comunidad de Rafael Cal y Mayor (cerca de Cintalapa), mientras
que los medios oficiales y oficiosos trasladaron el evento a San Isidro La
Gringa (cerca de Veracruz), y exhiben profusamente documentos que, según ellos,
me implican en una operación que, siendo de naturaleza eminentemente agraria y
ecológica, nada tiene que ver ni con una cuestión de límites, ni con el ámbito
de responsabilidad que, como Secretario de Gobierno, tuve en el año de 1994.
Reitero que el programa de la reserva ecológica de Los Chimalapas fue, y es, un
proyecto federal a cargo de la Secretaría de la Reforma Agraria y de la
SEMARNAP. La reunión de los titulares de
estas dos dependencias hace tres días con Albores y el gobernador de Oaxaca,
José Murat Casab, así lo ratifica y no deja lugar a dudas.
Por lo tanto, y en conclusión,
quiero dejar de manera muy clara lo siguiente:
No realicé ninguna cesión, mucho
menos venta, de territorio alguno en detrimento de la soberanía de Chiapas. El
proceso de creación de la reserva ecológica de Los Chimalapas se dio en un
proceso público, transparente, jurídicamente válido y bajo la absoluta responsabilidad de
gobierno federal. En San Isidro La Gringa no hay actualmente, ni conflicto
agrario, mucho menos de límites.
El Gobierno del Estado sólo
intervino como coadyuvante a solicitud del gobierno federal, y mi participación
únicamente se limita a intervenir en minutas de trabajo, que no convenios ni
contratos, mucho menos escrituras de compra o venta, porque ninguna de estas
operaciones estaba en juego. Darle a una minuta de trabajo el valor de un
contrato de cesión o de compraventa es forzar demasiado la estrategia para
hacerme aparecer como culpable, y lo que es peor, es suponer que los
chiapanecos somos todos, retrasados mentales.
Sin que sea un asunto central, vale
la pena comentar que, cuando ocurrió, tanto la consumación del proceso
indemnizatorio (julio de 1994), como la firma del convenio que convierte los
terrenos de San Isidro La Gringa en reserva ecológica (septiembre de 1994) mi
responsabilidad como Secretario de Gobierno ya había concluido, por lo tanto en
ninguna de ellas pude haber intervenido.
Entraña una infinita ignorancia seguir
sosteniendo que una resolución agraria o una de carácter administrativo que
transforme una propiedad social en reserva ecológica para protección del medio
ambiente, es modificadora de límites territoriales. Es tan absurdo como
insostenible seguirlo diciendo.
Es sumamente peligroso manipular el
sentimiento de los chiapanecos, justamente en momentos en los que es al
gobierno al que compromete más la demanda de cordura y responsabilidad. Empujar a un grupo de chiapanecos a recuperar terrenos en lo que ahora es una
reserva ecológica constituye una aventura de cuyas impredecibles consecuencias
el ejecutivo estatal y el Congreso del Estado no podrán después alegar
inocencia.
La de Albores Guillén, es una
campaña de humo para recubrir de interés por el patrimonio chiapaneco sus
reales intereses políticos: eliminar a un contendiente político y neutralizarlo
en la gesta electoral del año próximo, con el fin de seguir reproduciendo los
cacicazgos priístas que tanto han dañado al estado.
Reitero mi compromiso con Chiapas,
su pueblo y su soberanía. A defenderlos con dignidad en la tribuna del Senado y
en las responsabilidades públicas que se me han encomendado me he dedicado y lo
seguiré haciendo con pasión y responsabilidad. Pido lo mismo a los señores
legisladores locales del Partido Revolucionario Institucional, a quienes
solicito respetuosamente que toda su vehemencia para impugnar el pasado la
inviertan también en impugnar el presente.
Como lo afirmé en la entrevista con
Elena Gallegos (La Jornada, 4/VIII/), hago responsable a Roberto Albores de mi
seguridad, la de mi familia y de mis colaboradores. Desde ahora le digo al
gobernador que no nos va a detener, que estoy preparado para esto y lo que
venga, que vamos en serio, que queremos ofrecer esperanza a los chiapanecos y
que sus bravatas y amenazas producto de su capacidad conspirativa no me
asustan. Se necesita mucho más que esto para doblegarme y para detener el
avance del movimiento democrático en Chiapas.
A los medios y a la sociedad les
aseguro: soy un hombre decente, mis hechos, mi actividad pública, mi patrimonio
y mis intenciones, son transparentes. No tengo pasado de que avergonzarme; si
no fuera así, no tendría cara para enfrentar a quienes he enfrentado con
energía; para desafiar al sistema; para denunciar la corrupción, y sobre todo,
para luchar en Chiapas por un verdadero cambio.
Buscando ser juez, Albores Guillén
demuestra de nueva cuenta que erró sin remedio por hacerle más caso a su ira
que a los hechos comprobados en la historia documental de Los Chimalapas. En
esta nueva ofensiva, como en noviembre pasado, Albores ¡ miente !
