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Recuperemos el derecho a la Esperanza.
Soyaló, Chiapas;
14 de febrero de 1999.
Primer
mensaje del Senador Pablo Salazar Mendiguchía,
en
el inicio de un camino de quinientos días
hacia
la gubernatura de Chiapas.
Paisanas
y paisanos de este municipio de Soyaló:
Amigas
y amigos todos:
Con
enorme agrado los saludo, al igual que agradezco a todos la recepción que con
tanta amabilidad y generosidad me dan en este nuestro querido Soyaló. Sé que
todos los aquí presentes participaron con esmero y dedicación en la
organización de este encuentro y que hicieron un gran esfuerzo material para
crear las mejores condiciones para su realización. Les estoy muy reconocido y
me siento en deuda con ustedes.
Soyaló
significa mucho para mí. A este pueblo le debo gran parte de lo que soy. Aquí
nací y crecí con mis abuelos, mis padres y mis hermanos. En este pueblo estudié
y también aprendí los principios fundamentales que me han servido para normar
mi vida privada y mi actividad pública. Aquí conocí, por ustedes, el valor que
tiene la amistad.
Estas
y muchas otras razones, siempre que vengo a Soyaló lo hago con una gran
alegría. Sin embargo, este sentimiento invariable hoy adquiere un significado
muy especial para mí.
Me
entusiasma sobremanera que con motivo de la realización de este acto, el pueblo
de Soyaló se encuentre nuevamente unido. Hacía ya tiempo que los soyaltecos no
trabajábamos juntos en un propósito común. Me enorgullece y me llena de
felicidad que hayan dejado de lado diferencias y hayan puesto por delante las
coincidencias para celebrar esta reunión.
El
hecho de estar aquí, compartiendo este espacio, constituye un ejemplo de cómo,
si nos lo proponemos y privilegiamos lo que nos une, podemos recuperar la
convivencia y la armonía en nuestras comunidades.
Hoy
vengo a este rincón de Chiapas a hacer con ustedes algunas reflexiones sobre la
situación por la que atraviesa nuestro estado:
Chiapas,
además de sus rezagos atávicos, vive desde hace ya varios años una situación
difícil. Después de que en el transcurso de los años setenta, como producto del
incremento sustancial de las inversiones públicas federales en infraestructura
básica, las condiciones de vida en algunas ciudades y regiones de Chiapas
mejoraron; a finales de la década, las expectativas de desarrollo y esperanzas
de la población se vieron terriblemente frustradas.
Fue
la época en que el paisaje y la geografía chiapaneca sufrieron graves
alteraciones: ahí están las obras hidroeléctricas sobre el río Grijalva o los
campos e instalaciones petroleras en el municipio de Reforma como ejemplos
vivos de lo que eso significó en su momento. Fue la época de la llegada masiva
a estas tierras, de trabajadores con sus familias que vinieron de otros estados
de la República en busca de trabajo y de mejores oportunidades de vida para, de
manera destacada, contribuir al desarrollo de la entidad.
Sin
embargo, el sueño no duró mucho. Con el inicio de los años ochenta las cosas
cambiaron radicalmente. A las complicaciones económicas nacionales que trajo
consigo la caída de los precios del petróleo, la devaluación del peso, el caos
bursátil –con las consecuentes repercusiones en todo el país– se sumaron varios
problemas locales: el derrumbe de los precios del ganado, actividad pujante en
Chiapas desde mediados de siglo; el brutal desplome de los precios internacionales
del café, producto del que dependen miles de familias chiapanecas y que tiene
una importante incidencia en la economía estatal; la extensión y profundización
de la crisis del campo chiapaneco, al que todavía está supeditado la mayoría de
los chiapanecos, y que provocó una disminución significativa de la producción
de básicos y de los ingresos de los campesinos; las dificultades recurrentes en
la industria de la construcción, un sector que había sido muy dinámico en los
años recientes y que en Chiapas es determinante para la generación de empleos,
y, por último, el total estancamiento de los proyectos petrolíferos e
hidroenergéticos federales, mismos que habían provocado profundos cambios en la
estructura económica estatal y a través de los cuales se había intentado
impulsar, sin éxito, un nuevo modelo de desarrollo económico.
Poco
sirvió la preocupación del gobierno federal no tanto por la gente sino por la
situación de inestabilidad social y política de los países ubicados al sur de
nuestra frontera, por el problema de los refugiados guatemaltecos, por los
flujos migratorios de centroamericanos hacia el norte y por la creciente
inconformidad de importantes sectores sociales de Chiapas, particularmente en
el campo y su afán por emprender en nuestra entidad a partir de 1983, grandes
proyectos económicos y de desarrollo social como los contemplados en el Programa de desarrollo de la región Sureste
y en el Plan Chiapas.
La
intención de llevar a cabo una explotación racional de los recursos naturales y
de incorporar a la población del estado en los niveles de desarrollo nacional,
se vieron malogrados por el entorno económico imperante en ese periodo, por las
resistencias de los poderes e intereses económicos y políticos locales, y por
el indebido uso de los recursos públicos por parte de funcionarios
gubernamentales.
Fue
tanto el dinero invertido y tan poco lo que se logró, que a finales de los
ochenta el nuevo gobierno tuvo que reconocer que el rezago social y económico
era enorme, y su dimensión política muy grave.
A
la larga, el Plan Chiapas se
constituyó en un listado de buenos propósitos, algunos de ellos irrealizables.
La
estrategia de desarrollo socioeconómico del Plan Chiapas tenía como eje central
la consolidación de la integración territorial y regional del estado, así como
reafirmar la inserción de la entidad en el proyecto nacional de desarrollo.
Con
la puesta en marcha de este plan, los gobiernos federal y estatal se
comprometieron, entre otras cosas, a emprender el despegue industrial de Chiapas, resolver en dos años el problema
agrario, y que desde Chiapas se iniciaría un nuevo programa forestal para México del cual surgirían las nuevas políticas de explotación y conservación de
los bosques tropicales. Obviamente, nada se cumplió.
Los
últimos años de los ochenta y los primeros de los noventa fueron también de
grandes anuncios y enormes desilusiones.
Con
gran ímpetu el gobierno anunció acciones para erradicar la pobreza, modernizar la carretera costera, aprovechar
el potencial acuícola de la costa, construir
caminos para la producción y la integración, hacer la supercarretera
Ocozocoautla-Sayula, poner en orden el
sector turístico, replantear toda la
política indigenista, y poner en práctica los programas más grandes de inversiones y los más ambiciosos estudios y proyectos
jamás imaginados.
Sin
embargo, las grandes iniciativas de comunicación que tenían por objetivo
integrar a las regiones y a Chiapas con el país no fueron materializadas. El
propósito de desarrollar el potencial pesquero de nuestro litoral no fue
cumplido, y la necesaria ejecución de proyectos vitales como el de la
construcción de canales y el dragado de ríos costeros fue pospuesta
indefinidamente.
La
inducción para que la iniciativa privada chiapaneca participara en grandes
proyectos como la creación de nuevos bancos, la construcción de infraestructura
turística o la creación de compañías de prestación de servicios, resultaron ser
experiencias frustrantes para los que participaron en ellas.
Pero
si algo puede resumir el fracaso en Chiapas del proyecto de desarrollo de
principios de los noventa, son los resultados de la política gubernamental en
materia de desarrollo social.
El
estallido de la rebelión indígena el primero de enero de 1994, no solamente
sorprendió a todos por la aparición del EZLN, sino que constituyó un acto, que
de golpe, retiró el velo con el que se pretendía cubrir los niveles de rezago y
marginación en los que viven los indígenas y la gente de Chiapas.
La
segunda mitad de la década de los noventa ha estado marcada por las mismas
tendencias de desarrollo prevalecientes en los años anteriores, mismas que se
han complicado por los efectos y perturbaciones generadas por la dinámica en la
que se mueven los actores principales del conflicto.
Para
comenzar, el levantamiento armado abrió un periodo de inestabilidad en la vida
institucional del estado, que a pesar de todos los esfuerzos realizados, sigue
latente en el escenario político estatal.
Desde
enero de 1994 se han sucedido cuatro gobiernos distintos, con diferentes ideas
y estilos para ejercer el poder y para
conducir los destinos de la entidad. Cada uno de ellos, en los tiempos y
circunstancias que les ha tocado dirigir los esfuerzos institucionales, y a
partir de definiciones políticas y proyectos personales muy concretos, han
promovido acciones de gobierno buscando dejar huellas de su paso por el
gobierno, con resultados diversos.
A
uno le tocó gobernar con capacidad y éxito la situación de emergencia más
complicada que ha vivido Chiapas desde la Revolución Mexicana. A otro, no le
fue posible consolidarse como gobierno ni poner en práctica sus propósitos
frente a la rebelión cívica que se alzó en su contra.
A
partir de 1995, las políticas de desarrollo han estado determinadas por
estrategias gubernamentales federales en la búsqueda de una solución unilateral
al conflicto armado y no por proyectos pensados en función de los intereses
chiapanecos de largo plazo. De esta manera, en el diseño y aplicación de
políticas encaminadas a contener el conflicto, a restar bases de apoyo a la
insurgencia, a construir una nueva y
artificial fachada de la economía y sociedad chiapanecas se han ido meses y
años que bien pudieron haberse aprovechado para sentar nuevas bases de
desarrollo en la entidad.
Aunado
a lo anterior, desde 1995 se han canalizado cuantiosos recursos públicos cuyo
objetivo ha sido abatir el enorme rezago
económico que vive la entidad, el cual es muy cuestionado y ha despertado
serias dudas sobre el destino final que tuvieron los mismos. Es la hora que no
se sabe con precisión qué tanto de esos recursos pudieron servir para armar
grupos paramilitares o qué cantidad engrosó los bolsillos de los funcionarios
en turno.
El
modelo de desarrollo que en la actualidad se está aplicando es continuidad del
anterior. Sin una programación ordenada de las tareas, con mucha improvisación,
sin que prevalezca una visión a largo plazo en función de los intereses
estratégicos de Chiapas, con una peligrosa personalización del ejercicio del
poder por las acciones de gobierno inclinadas a las obras de “relumbrón” para
la construcción de imágenes políticas personales, y en función de aspiraciones
sucesorias locales y nacionales, el gobierno actual conduce a Chiapas sin rumbo
preciso.
Hay
un rasgo de la nueva situación que vive Chiapas, que no podemos soslayar,
porque está jugando un papel determinante en la actual coyuntura política,
económica y social de la entidad. No hace mucho tiempo que algún gobernante
declaraba que “ya no había ínsulas dentro de Chiapas” y que se habían acabado
las “pretensiones virreinales”.
Ironías
de la historia, a año y meses del advenimiento de un nuevo siglo, es indignante
para quienes queremos con pasión y fervor a Chiapas ver cómo nuevamente, con
grandes ínfulas y para satisfacer ambiciones personales de poder, funcionarios
federales se quieren erigir en nuevos encomenderos
e intendentes de la que todavía
consideran “Provincia de las Chiapas”.
Los
saldos de la acumulación de los problemas a lo largo de estos años por la
aplicación de políticas equivocadas implementadas en los noventa, están a la
vista.
La
economía de Chiapas atraviesa por una situación muy complicada marcada por
serias dificultades. Muchos de los argumentos que en el pasado reciente servían
para afirmar que el futuro de Chiapas era promisorio, hoy no son tan ciertos.
En
primer lugar porque la economía del país pasa por serios aprietos. En fechas
recientes, y en por lo menos tres ocasiones consecutivas, el gobierno federal
se ha visto obligado a reducir el monto total del presupuesto público para el
ejercicio fiscal de 1999. La causa de este tropiezo tiene que ver de manera
directa con la caída de los precios internacionales del petróleo. El efecto
inmediato derivado de este problema ya se ha reflejado en los planes y
proyectos gubernamentales para Chiapas.
El
ejemplo más representativo de las nuevas condiciones que se están imponiendo de
manera cruda e implacable a las decisiones gubernamentales federales se ubica
en la programación del desarrollo regional del país.
Debido
al silencio que se ha guardado sobre el tema y por que a la euforia inicial le
ha sucedido cierto pesimismo sobre el tema, todo parece indicar que la nueva
versión del Programa de Desarrollo de la
Región Sureste, que estaba siendo preparada en las oficinas del subsecretario
de egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que sería dada a
conocer en un gran evento, ya no será ejecutada en este sexenio; programa que
luego de haber sido concebido inicialmente como un magno proyecto, terminará en
una lista limitada de acciones sin gran impacto a corto y mediano plazo.
Esto
sucede justo en el momento en que algunos de los sectores productivos de
Chiapas comenzaban a mitigar los desastrosos efectos de la crisis económica de
1995 que provocó un sin número de quiebras empresariales y pérdidas
patrimoniales, y que dejó sentir su impacto de manera dramática entre las
familias chiapanecas sin distinción alguna, y cuando se empezaban a generar
nuevas expectativas locales de recuperación económica.
En
segundo lugar, el estado atraviesa por una etapa difícil ya que la estructura
económica de Chiapas ha sufrido cambios importantes en los últimos años. El
petróleo es el caso más representativo de este fenómeno, en el sentido de que
la producción de hidrocarburos en suelo chiapaneco ya no tiene la relevancia
que tuvo en la época del auge petrolero.
Si
bien la producción de gas natural sigue siendo importante a escala nacional y
las reservas del otrora oro negro han crecido por el descubrimiento y
exploración de nuevos campos y pozos, la importancia de la producción del
petróleo en Chiapas dentro la economía del país y del estado ha disminuido
significativamente.
Esta
nueva dimensión del factor petrolero se debe, entre otras, a las siguientes
causas: debido a la baja de la producción de algunos de los campos y pozos de
hidrocarburos chiapanecos; la importancia creciente que han adquirido otras
zonas petroleras del país, por la cantidad y calidad del producto; al deterioro
de las instalaciones de Pemex ubicadas en los municipios del norte de Chiapas,
que dicho sea de paso no es un proceso privativo de la entidad y a la
sobreproducción mundial del carburante, que como ya lo dijimos, ha incidido en
la baja de los precios internacionales.
Aunque
diversos analistas sostienen que el desarrollo petrolero no trajo consigo
beneficios significativos a la economía de Chiapas, lo cierto es que el tamaño
de la derrama, cualesquiera que haya sido su escala, se ha estrechado.
Lo
mismo sucede con la producción de energía eléctrica. A principios de los años
ochenta, Chiapas producía más de la mitad de la energía hidroeléctrica de
México. Ahora ese porcentaje se ha reducido aproximadamente a un tercio de la
producción nacional. Esto se debe, por un lado al crecimiento de las centrales
eléctricas en otros estados de la República y por otro, a que las inversiones
locales en la generación de electricidad se detuvieron por completo.
Hay
que decir además, que la CFE, una de las empresas más importantes de Chiapas,
es una institución que se ha ganado el rechazo de los chiapanecos: por la
inundación de algunas de las mejores tierras de Chiapas y, posteriormente, por
las altas tarifas que cobra por brindar su servicio.
Aunado
a lo anterior, hay que agregar la problemática que en Chiapas representará la
inminente privatización de la producción y distribución de electricidad. Ya que
en este sector laboran cerca de ocho mil trabajadores, una cifra considerable
si se toma en cuenta que en la industria de la construcción, una de las
actividades económicas más importantes de la entidad, encuentran empleo
permanente y temporal alrededor de doce mil chiapanecos.
En
el campo, la situación es crítica. El maíz, que es el cultivo de mayor
relevancia en el estado por la superficie que ocupa por el valor de su mercado,
por ser el sustento de la mayoría de las familias rurales del estado y por el
valor cultural que representa para los chiapanecos atraviesa una coyuntura
económica y comercial bastante desfavorable. A sus viejos problemas de
productividad y de límites sustentables de la frontera agrícola, ahora hay que
agregar la desaparición de la Conasupo, instancia que si bien no consolidó
nunca una buena reputación empresarial en el campo, servía de apoyo y cobertura
a los campesinos en el precio de este producto.
La
dimensión económica de la producción maicera en el estado es tan relevante que
la evolución favorable de otros cultivos se ha visto afectada, y a veces
anulada, cuando ha habido cambios en su precio, además de influir de manera
determinante en la caída del valor total de la producción agrícola de Chiapas.
En
el caso del café, aunque ahora los productores y exportadores no enfrentan la
difícil situación de hace algunos años, esta no deja de ser inestable y
compleja.
En
este momento vivimos una contracción en el consumo mundial de materias primas,
lo que provoca una enorme especulación y hace muy volátil al mercado. Por ello,
podemos aventurarnos a decir que la era
del café verde ha concluido. La fortaleza de los principales países
productores y exportadores (Brasil y Colombia) descansa en la organización del
sector; en la alianza estratégica entre los cafetaleros y sus respectivos
gobiernos, en la agrotransformación (tostado y molido) y en el consumo interno.
El
mundo del café chiapaneco y mexicano requiere de un viraje profundo. Es triste
decirlo y desearíamos con todas las fuerzas que no fuera así, pero las
políticas de los gobiernos federal y estatal no están a la altura de los
requerimientos de este momento y de este producto, de vital importancia para la
economía de Chiapas, dependen directamente más de cien mil familias y un
importante ingreso de divisas a la economía del estado. Esta situación reclama
inversión de capital suficiente y una política de comercialización ágil,
oportuna e informada.
El
turismo es una de las actividades de mayor importancia para el presente y el
futuro de Chiapas. En un estado en que la crisis del modelo de desarrollo
agropecuario mexicano ha golpeado tan fuerte y en donde la actividad industrial
es tan limitada, el turismo se convierte en la actividad por excelencia del
sector terciario; por un lado, porque es una rápida generadora de empleo y por
otro, porque en Chiapas están dadas las condiciones para ello; hay de todo:
cultura, historia, arquitectura, ríos, playas, litorales, infraestructura
instalada y una inigualable gente para hacer de esta actividad un ariete del
desarrollo estatal.
Sin
embargo, las políticas gubernamentales hacia este sector son muy limitadas y en
algunas ocasiones han obedecido a la sin razón.
El
aislamiento geográfico de Chiapas y sus regiones sigue siendo un problema de
primer orden. Por más promesas y planes de gobierno, Chiapas sigue muy mal
comunicado en su interior y con el país, y adolece de una efectiva integración
de sus regiones.
El
aeropuerto Llano San Juan es un monumento a la estulticia y al derroche y el de
Terán, es la mejor muestra de cómo las decisiones para el desarrollo no son
concebidas integralmente.
Las
zonas de Malpaso, Reforma, Pichucalco,
Palenque, debido a la deficiente comunicación que persiste siguen interactuando
más con las ciudades de Tabasco que con las de Chiapas; no obstante que
gobierno tras gobierno ha hablado de integrarlas plenamente a la vida del
estado.
El
aislamiento de la costa con relación a las demás regiones del estado se ha
acentuado. Las recientes catástrofes provocadas por la combinación de fenómenos
naturales y condiciones de fragilidad ocasionadas por descuidos de pasados
gobiernos, han mostrado el grado de vulnerabilidad al que estamos expuestos en
cuanto a comunicación se refiere. En este terreno pareciera que en lugar de
avanzar retrocedemos. La red de caminos sigue sin estar debidamente
estructurada a pesar de su considerable longitud. En la costa, en lugar de
continuar la construcción de una moderna carretera que comunique a esa región
con los valles centrales, estamos construyendo y, en algunas partes, volviendo
a construir totalmente, lo que hasta hace apenas unos cuantos meses era la
única autopista con la que contaba el estado.
La
tradicional vía de comunicación con México, la carretera Panamericana, se
encuentra prácticamente destruida en el tramo La Ventosa-Tapanatepec y Matías
Romero-Acayucan. Y la terminación de la nueva vía Ocozocuautla-Las Choapas,
sigue anunciándose como novedad por tercera ocasión en menos de cuatro años.
A
todo este panorama antes descrito hay que agregar los múltiples problemas
sociales y políticos que padece Chiapas: el exponencial crecimiento demográfico
de la población; la lacerante pobreza extrema en la que viven más del 80% de
los chiapanecos; la “emergencia sanitaria permanente” que sufren considerables
franjas de habitantes del estado; la desarticulación del tejido social de las
comunidades; los enfrentamientos por motivos políticos y religiosos; la proliferación
de grupos paramilitares cuyo peor capítulo de su existencia está relacionado
con la masacre de Acteal; la inseguridad y una división política que no
corresponde a la nueva realidad demográfica, productiva, cultural, social y
política del estado de Chiapas y sus regiones.
De
esta manera, con este breve repaso podemos darnos cuenta de que son muchos y
muy complejos los problemas que aquejan al estado y esta situación no puede
continuar así.
Lo
primero que se deduce de este diagnóstico es que, el problema principal de
Chiapas ha sido la forma en que se nos han impuesto políticas erráticas.
El
ejercicio gubernamental y la ejecución de la obra pública no respondieron a proyectos
de futuro discutidos con la gente; los sucesivos gobiernos –salvo honrosas
excepciones– se dedicaron a aplicar acciones dispersas e inconexas entre sí,
cuando no ocurría que éstas tropezaran unas con otras, como sucede actualmente
con las actividades que desarrollan en Chiapas los gobiernos federal y estatal.
Lo
anterior devino en la existencia de gobiernos disfuncionales con una terrible
falta de capacidad para gobernar, que hicieron de la improvisación método
preferente para la toma de decisiones, y que, en consecuencia, nunca supieron
bien a bien a donde se dirigían. De seguir por el mismo camino en los próximos
años, el pronóstico puede ser desastroso.
Por
todo esto, es necesario construir entre todos un proyecto de esperanza para
Chiapas. Un proyecto emanado de los pueblos y regiones que haga viable
económica, política, social y culturalmente a Chiapas, como una de las
entidades federativas más fuertes, unidas y soberanas de la República Mexicana.
Paisanos
de Soyaló, amigas y amigos de Chiapas:
El
próximo año se celebrarán comicios para elegir al gobernador que habrá de
encabezar el esfuerzo de todos los chiapanecos en el primer gobierno que tendrá
Chiapas en el siglo XXI.
Estoy
aquí en Soyaló para compartir con todos ustedes uno de los actos más
importantes de mi vida pública.
Como
una reafirmación de mi origen, desde esta tierra que me vio nacer, al amparo de
la civilidad, frente a todos los chiapanecos, sin excepción ni exclusión
alguna, con pleno respeto a las diferencias y a la pluralidad de los pueblos de
nuestra entidad, por encima de los enconos y rencores que tanto daño nos han
causado, quiero aquí y ahora, hacer público mi deseo de conducir los destinos
de Chiapas, de encabezar el primer gobierno del nuevo milenio.
Sí,
quiero ser gobernador de Chiapas. Estoy preparado para serlo, me siento capaz
de asumir esa responsabilidad. Tomé la decisión de anunciar este deseo como
parte de un proyecto en el que están incluidos miles de chiapanecos. Quiero
encabezar un proyecto democrático para Chiapas.
Tiempo
atrás, he venido platicando con un incontable número de amigos y paisanos,
compañeros de política, empresarios, dirigentes sociales y de partido,
ciudadanos, jóvenes, estudiantes, profesionistas, mujeres y hombres de las
ciudades y el campo, sobre la necesidad de impulsar un movimiento que haga
posible renovar la esperanza en el futuro de Chiapas.
En
atención a esa amistad, al compañerismo y a la solidaridad que he ido forjando
con todos ellos y para dar respuesta a la gente que me apoya y motiva, decidí
hacer público mi interés de contender por la gubernatura.
Sé
de los riesgos que ello implica, estoy plenamente consciente. Pero estoy seguro
de lo que hago, porque mi conducta responde a un compromiso ético: participar
en un proceso abierto, de cara a la sociedad y sometido al escrutinio de la
opinión pública.
Decidí
hacerlo desde ahora porque son los tiempos que marca la nueva hora de la
democracia en el país y porque no voy a esperar a que me lo autoricen o a que
me designen.
En
la víspera de esta importante determinación, he comunicado desde hace dos
semanas, a la presidenta de la Gran Comisión del Senado de la República, mi
decisión de renunciar a la Comisión de Concordia y Pacificación, para que, en
el próximo período ordinario de sesiones, sea el pleno del Senado, el mismo que
me eligió, el que apruebe mi sustitución.
He
optado por esta dolorosa decisión porque creo que las tareas de coadyuvancia
reclaman tiempo completo, que a partir de hoy, no le podré ofrecer a esa
instancia; lo hago también, porque quiero separar perfectamente la que
considero una legítima aspiración, participar en un proceso electoral, de la
búsqueda lisa y llana de la paz.
Dejo
expresa mi renuncia, en un acto de honestidad y congruencia, a las tareas de
coadyuvancia que por ley se asignó a la Cocopa; no claudico ni lo haré jamás, a
la búsqueda de la paz por otros medios. Impulsar un proyecto democrático que
promueva transformaciones de fondo en Chiapas, es también, me parece, un modo
de buscar la paz.
Con
mi gratitud y recuerdo a viejos y nuevos compañeros de la Cocopa, dejaré esta
comisión con la satisfacción del deber cumplido. Hice lo mejor que pude,
defendí con pasión y paciencia lo que creí que le hacía bien a Chiapas;
critiqué las actitudes de las partes en conflicto cuando advertí que sus
estrategias nos alejaban de la paz. Ensanché, hasta donde pude, mi imaginación,
mis ideas y mi capacidad de iniciativa; tomé riesgos y asumí en serio la tarea
por la paz.
En
este proceso inconcluso, queda pendiente la instrumentación de los acuerdos de
San Andrés como un pasivo del ejecutivo federal.
Me
queda muy claro que, de no haber sido por la frivolidad e insensatez de los
responsables de operar y conducir el proceso, la paz se habría firmado desde
hace mucho tiempo. Sostendré hasta el final de esta responsabilidad, mi
compromiso con el espíritu y la letra de los acuerdos de San Andrés, y con la
llamada iniciativa de la Cocopa.
Paisanos
de Soyaló, amigos de Chiapas:
Para
alcanzar el objetivo propuesto creo necesario contar con un plan de acción
política que lleve a feliz término esta empresa.
A
partir de hoy, domingo 14 de febrero de 1999 quedan exactamente 500 días
efectivos de campaña antes de que se celebre la jornada electoral del día 2 de
julio del año 2000.
Desde aquí convoco a todos los chiapanecos:
Primero. A diseñar un
programa de gobierno para construir un mejor porvenir para Chiapas que nos
permita vivir en completa paz y armonía.
Propongo
un programa de esperanza que tenga como característica original la propia
singularidad de la distribución territorial de Chiapas el cual se integre con
planes regionales elaborados por los pobladores de cada una de las regiones que
conforman el estado.
Propongo
también, que la elaboración del programa de la esperanza parta de
las siguientes premisas:
Para
hacer posible este programa de esperanza propongo los siguientes puntos:
Fortalecer
nuestra mexicanidad chiapaneca con una nueva relación con el gobierno federal
que nos permita recuperar los procesos de conducción de la política y de los
instrumentos económicos del gobierno.
Reformar y crear leyes en las que todos se reconozcan y a las que todos reconozcan.
Reformar y crear leyes en las que todos se reconozcan y a las que todos reconozcan.
Convocar a todas las organizaciones civiles y no gubernamentales, a mujeres y jóvenes, para que constituyamos un gobierno horizontal e incluyente.
Segundo. Intensificar la
realización de encuentros que nos permitan construir una nueva alianza que haga
posible la puesta en práctica del programa de la esperanza.
Tercero. Promover reformas al
Código Estatal Electoral y a la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Chiapas para homologar las fechas de la elección local con las
federales y para incorporar a esos cuerpos jurídicos los avances de la
legislación nacional, de modo tal que la elección de gobernador sea el
resultado de un proceso legítimo e incuestionable.
Cuarto. Impulsar la
generación de un amplio movimiento social a favor del cambio en todas las
regiones del estado.
Quinto. Crear comités
electorales en los 24 distritos, 111 municipios, 1929 secciones y, de ser
posible, en las poco más de 20 mil localidades que hay a lo largo y ancho de
todo el territorio estatal.
Sexto. Promover el
empadronamiento, sobre todo el juvenil,
la actualización de la credencial de elector y el ejercicio pleno del voto de
todos los ciudadanos.
Séptimo. Organizar una
reunión de delegados de todo el estado de Chiapas, el viernes 2 de julio de
1999, con el objeto de discutir el programa de gobierno y elaborar el plan de
la marcha de los 365 días hacia la victoria.
Estas
tareas y otras, que en el camino se incorporen, son las que juntos, paisanos y
amigos, habremos de realizar en las próximas semanas. Si contamos los días
parecen muchos, si contamos las tareas, los días son pocos.
Hoy,
comenzamos la construcción de un nuevo esfuerzo colectivo, incluyente, amplio,
generacional, sin precedente, para devolver a los chiapanecos, lo último que un
gobierno puede quitarle a su pueblo: el derecho a la esperanza.
