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Chiapas: Tiempo de canallas.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
26 de noviembre de 1998.
Declaración
del Senador Pablo Salazar Mendiguchía,
a propósito de las acciones realizadas en su
contra
por la dirigencia estatal del Partido
Revolucionario Institucional.
El pasado
lunes 16 de noviembre, en el Parque Central de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se
llevó a cabo una inusual asamblea pública del Consejo Político Estatal del
Partido Revolucionario Institucional, en la que a la vez que se eligió a los
nuevos presidente y secretario general del Comité Directivo, fue utilizada por
los dirigentes estatales del partido para intentar hacer un linchamiento
político de mi persona por las opiniones que como Senador de la República he
manifestado en relación con diversos temas de la situación política y social
del país.
Ese día, ante un reducido grupo de
personas que no sabía para qué había sido convocado, la directiva estatal del
partido, sin tener facultades para ello y sin que mediara ninguna notificación
oficial de las instancias partidarias conducentes, sometió a consideración de
tan singular asamblea un texto en el que se me acusa de “desviaciones”
políticas, de utilizar un “doble lenguaje” y de “deslealtad al partido”, por lo
que el Consejo Político Estatal decidió “deslindarse” políticamente de mi
“comportamiento”.
La directiva estatal del partido
pretendió fundamentar jurídicamente esta determinación apelando a varias
fracciones de tres artículos de los estatutos del PRI –173, 175 y 176– y quiso
dar veracidad política a sus acusaciones, únicamente diciendo que “al seno del
Consejo Político Estatal han llegado diversas denuncias y pruebas” en mi contra
y que incluso el delegado del CEN del PRI en Chiapas ya me había “reconvenido”
en múltiples ocasiones por mi “mal proceder”.
Según la lectura de los estatutos,
se me acusa de “ofender públicamente y realizar actos de desprestigio contra
dirigentes y candidatos del partido y actuar contra sus campañas”; de “atentar
contra la unidad ideológica, programática y organizativa del PRI”; de “sostener
y propagar principios contrarios a los contenidos en los documentos básicos del
partido”; de “realizar acciones políticas contrarias a los lineamientos
concretos de los órganos partidarios competentes”; de “difundir ideas o
realizar actos para dividir” al partido; y de solidarizarme “con la acción
política de partidos o asociaciones antagónicas al PRI”.
Antes de dar respuesta puntual a la
acusaciones que se me han hecho, quise esperar a que transcurrieran las
reuniones que legisladores de la COCOPA y representantes de la llamada sociedad
civil tuvieron con el EZLN en San Cristóbal de las Casas, los pasados días 20,
21 y 22 de noviembre, para evitar mezclar asuntos que son de distinta
naturaleza.
Ahora que ya concluyeron dichos
encuentros, y debido a que no estoy dispuesto a dejar pasar por alto las
agresiones de que he sido objeto y menos aún dejar sin respuesta las
acusaciones que en mi contra se han vertido, me permito hacer del conocimiento
de la ciudadanía chiapaneca y de la opinión pública nacional el siguiente
Pronunciamiento
político
1. Las declaraciones de
dirigentes locales del PRI de las últimas semanas, los ataques que día tras día
se enderezan en mi contra en distintos espacios informativos –y que continúan
sin cesar– y la realización de la asamblea del lunes 16 de noviembre, con los
“acuerdos” que de ella emanaron, forman parte de una campaña que busca
descalificar ante la opinión pública, y ante los militantes del PRI, los puntos
de vista y argumentos políticos que he venido expresando como senador en
distintos foros y tienen como objetivos fundamentales buscar cambiar mis
posiciones políticas en el Senado de la República, golpear al Grupo Galileo,
inhibir mi participación en la Comisión de Concordia y Pacificación y frenar el
trabajo político que de manera intensa he venido desarrollando en el Estado de
Chiapas.
2. El artículo 61 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las
opiniones que los senadores “manifiesten en el desempeño de sus cargos” son
“inviolables” y que los senadores “jamás podrán ser reconvenidos por ellas”.
Nadie puede poner en cuestión mi derecho a expresar mis opiniones políticas, ni
siquiera el Presidente de la República, menos aún el sumiso delegado político
del CEN del PRI en Chiapas.
3. El procedimiento seguido
por el Comité Directivo Estatal con el que se persiguió hacer un linchamiento
político público de mi persona quebranta el espíritu y la letra de los
Estatutos del PRI. Ni el Comité Directivo ni el Consejo Político estatales
están facultados para aplicar la “Justicia Partidaria”. Tampoco en los
estatutos existe el “deslinde” como una sanción que se les pueda aplicar a los
militantes. Menos aún se pueden imponer penas sin que se presenten las pruebas
correspondientes ante la Comisión de Honor y Justicia y sin que ésta haga
efectiva la garantía de audiencia del denunciado. En todo caso, tanto el Comité
Directivo como el Consejo Político estatales deberían ser sancionados por
usurpar funciones que no están en el ámbito de su competencia.
4. Ocupo un lugar destacado en
la política del estado por circunstancias de la vida –un súbito e irreversible
cambio en la historia política y social de Chiapas. No llegué de fuera, ni fui
impuesto, ni menos vine a sustituir a nadie. Soy Senador de la República porque
así lo decidieron en 1994 los ciudadanos en las urnas.
Desde el primer día en que llegué al
Senado de la República, me he empeñado en buscar dignificar al poder
legislativo porque creo firmemente en la división de poderes y estoy convencido
de que es necesario fortalecer el federalismo.
Como Senador de la República, he
pugnado por un poder legislativo “fuerte y autónomo”, que asuma a plenitud sus
facultades, que haga efectivo el equilibrio entre poderes, que sirva para
acotar las enormes facultades concentradas en el poder ejecutivo y que
represente genuinamente los intereses de los mexicanos.
Tengo la satisfacción personal de
presidir la Comisión de la Medalla de Honor Belisario Domínguez, condecoración
que otorga el Senado de la República a “los hombres y mujeres mexicanos” que,
como nuestro prócer chiapaneco, “se hayan distinguido por su ciencia o virtud
en grado eminente como servidores de nuestra patria o de la humanidad”.
Desde esa comisión he promovido la
recuperación del legado histórico de representantes populares chiapanecos, que
como Luis Espinosa y el propio Doctor Belisario Domínguez, se destacaron por
proponer y defender una distinta relación de Chiapas con la Federación, porque
pienso que hoy más que nunca, ante la bochornosa situación de dependencia y subordinación
en que el gobierno federal mantiene a la entidad, es necesario pugnar por hacer
realidad una nueva mexicanidad chiapaneca.
Asimismo, he trabajado con
dedicación, y creo que con éxito, para transformar la ceremonia de entrega de
dicha condecoración, de un acto que era esencialmente protocolario, a un evento
en el que ahora tienen cabida todas las voces del Senado.
Me pregunto ¿en qué contraviene esto
a los documentos básicos del partido?
He tratado de honrar la herencia
histórica que los chiapanecos legaron a los mexicanos en el Senado de la
República. He buscado representar a Chiapas con dignidad ante la más alta
tribuna de la República. Pero los dirigentes del PRI chiapaneco me piden lo
contrario.
El expresidente del Comité Directivo
Estatal, hoy flamante líder del Congreso del Estado de Chiapas, justo antes de
la asamblea en que se me quiso linchar públicamente, en declaraciones a
periódicos locales hizo suyas supuestas inconformidades de la militancia del
PRI, por la actitud que como senador –según él– he tenido ante los jefes de los
poderes ejecutivos federal y estatal, a la vez que ratificó –en un acto de
abyecto servilismo– “lealtad al Sr. Presidente de la República” y al
“Gobernador” del Estado.
Ante este tipo de manifestaciones,
no tengo otra respuesta más que la siguiente: para mí, la tarea de los
legisladores federales y locales no tiene como propósito servir a individuos o
complacer a los gobernantes en turno, sino garantizar una efectiva división y
equilibrio de poderes.
¿Esa es la lealtad que me piden
asumir? Yo, en política, sólo debo lealtad a la República y a mi propia
conciencia.
5. Formo parte de la Comisión
de Concordia y Pacificación, instancia legislativa peculiar por su integración
equilibrada; su distribución rotativa de tareas; sus procedimientos
consensuales de decisión; y por haber sido creada al amparo de la Ley para el
diálogo, la conciliación y la paz digna en Chiapas (sin parangón en los anales
de la historia legislativa de México).
Muchas han sido las tareas que diligentemente
ha cumplido la COCOPA en los cerca de cuatro años que lleva de existencia, pero
ninguna de tanta importancia como la elaboración de la propuesta para traducir
en ordenamientos legales los Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura
Indígena. Mi participación en la redacción y aprobación colectiva de esa
iniciativa es una de las razones por las que la dirigencia del PRI guarda tanto
encono en mi contra.
¿En que pude haber faltado a la
“unidad ideológica, programática y organizativa del PRI” al desarrollar dicha
labor? Me veo obligado a recordar argumentos que ya expuse con anterioridad.
Primero que nada, hay que decir que
el PRI, como tal, no tiene una política definida de tratamiento del conflicto
que hay en Chiapas. Ni la estructura partidaria ni las fracciones
parlamentarias se han reunido para discutir este asunto. En segundo lugar,
nuevamente es necesario aclarar que fueron las partes las que le pidieron a la
COCOPA redactar dicha propuesta y ésta aceptó bajo el acuerdo explícito de que sería
la redacción definitiva de esa iniciativa legislativa. Y en tercer lugar, los
acuerdos fueron firmados en San Andrés tanto por el EZLN como por el propio
gobierno; los legisladores de la COCOPA únicamente fuimos testigos del acto.
¿Decir la verdad va contra los
principios del partido?
El cumplimiento cabal de su palabra,
por parte del gobierno federal, nos hubiera ahorrado mucho tiempo y enormes
sacrificios. Los resultados están a la vista. Si otra hubiera sido la actitud
gubernamental, es posible que la paz estuviera ya firmada.
6. Como Senador por Chiapas y
como integrante de la COCOPA, he alzado la voz ante lo que he considerado
atropellos a los derechos humanos de los indígenas de Chiapas, y he manifestado
mi desacuerdo con las que he considerado decisiones erróneas de los gobiernos
federal y estatal ante el conflicto chiapaneco. Lo hice en diciembre de 1997 a
raíz de la brutal masacre de Acteal y lo manifesté en julio de 1998 en un largo
texto titulado El fracaso de una
imprudente estrategia gubernamental para Chiapas, que publiqué en un
periódico de la capital del país, a propósito de los graves acontecimientos
ocurridos en el municipio de El Bosque.
¿Indignarse ante la brutalidad y
denunciar la violación de derechos humanos es contrario a los principios del
partido? ¿Qué no han leído los dirigentes del PRI de Chiapas los documentos
básicos?
Para su conocimiento, cito tan sólo
un párrafo de los mismos: “Para el PRI, el Estado tiene la obligación
irrenunciable de garantizar un estricto apego a los derechos humanos y las
garantías individuales consagradas en la Constitución, que son inherentes a la
vida y a la libertad de la persona”.
Yo creo, a diferencia de varios
dirigentes del PRI de Chiapas, en la igualdad de todos ante la ley.
7. Pertenezco al Galileo, grupo que está integrado por
catorce senadores del PRI, y que nació en septiembre de 1997, como respuesta a
la falta de mecanismos para procesar las decisiones al interior de la fracción
priísta en el Senado, y ante la amenaza del líder senatorial de utilizar la
mayoría en la cámara alta como muro
de contención contra las resoluciones de la Cámara de Diputados.
Mi pertenencia al Grupo Galileo ha
sido también motivo para que la directiva desarrolle esta animadversión en mi
contra, particularmente por la posición del grupo ante la discusión de la
iniciativa presidencial sobre derechos y cultura indígena, sobre el Fobaproa y
por el trabajo académico que lleva por nombre Chiapas: una nueva visión para una nueva cultura, cuya elaboración
colectiva fue promovida por el Galileo y
que tiene como fin contribuir a conocer y transformar la realidad de nuestro
estado.
En el primer caso, el Grupo Galileo
propuso el diferimiento de la discusión en materia de derechos y cultura
indígena, hasta que se asegurara que ésta contribuyera “efectivamente a lograr
la paz en Chiapas”, se garantizara “el predominio de los consensos” y se
crearan “las condiciones para el restablecimiento del diálogo”.
En el segundo caso, recientemente di
a conocer cifras sobre la difícil situación en que vive la enorme mayoría de la
población en Chiapas. Afirmé, según un estudio que forma parte del mencionado
trabajo, que el 90% de los chiapanecos viven en la extrema pobreza, y lo que es
peor, que el 75% se encuentra en la indigencia.
En ambos casos, la reacción no se
hizo esperar. Destaca por su significado la agresiva respuesta que de parte de
la directiva del PRI mereció mi opinión sobre los índices no oficiales de
marginación y pobreza. En lugar de debatir y ofrecer datos, sus declaraciones
se ocuparon en intentar descalificarme personalmente.
¿Acaso dar a conocer cifras no
oficiales sobre la pobreza en Chiapas atenta contra la unidad ideológica y
programática del partido? ¿Informar a los mexicanos sobre la lacerante realidad
en que viven los chiapanecos es realizar acciones contrarias a los lineamientos
concretos de los órganos partidarios?
8. Aunque en apariencia la
campaña en mi contra ha sido impulsada por la directiva estatal del Partido
Revolucionario Institucional, ésta no ha hecho más que acatar servilmente las
instrucciones que les fueron dadas por sus superiores. ¿Quién puede creer que
los obsequiosos dirigentes locales del PRI tengan el valor, la capacidad y la
independencia suficientes para tomar una determinación de esta naturaleza? ¿En
Chiapas quién puede creer que este tipo de decisiones se toman en el edificio
de la plaza de Santo Domingo y no en el palacio de gobierno del estado?
La decisión de lincharme
públicamente –que originalmente era de expulsarme– fue tomada por el gobierno
estatal con el respaldo de sectores del aparato gubernamental federal. Es el
resultado de una alianza cuyo eje político pasa por la casa de gobierno del
estado, y por otras instancias federales. Tiene que ver con una combinación de
intereses en las que están en juego procesos sucesorios (locales y nacionales),
cotos de poder políticos y económicos y planes políticos de corte autoritario
(una de sus más recientes iniciativas fue intentar impedir a toda costa la
realización del encuentro entre el EZLN y la sociedad civil).
9. Las acciones emprendidas en
mi contra, la exclusión de candidatos a diputados locales de las fórmulas
inicialmente registradas por el PRI, la concentración de toda la política de
comunicación social del gobierno en una sola oficina, algunos de los despidos
recientes de funcionarios gubernamentales, el cierre de espacios periodísticos,
el anuncio de que existe un complot en contra del gobernador sustituto, no sólo
son producto del tremendo delirio que puede generar en los seres humanos la
embriaguez de poder, sino que constituyen acciones que pretenden ser
ejemplarizantes y que forman parte de una vasta operación política, una “gran
cruzada”, cuyo propósito es mantener un férreo control de todos los procesos
políticos de la entidad para conservar el poder a toda costa, incluyendo, por
supuesto, la posibilidad de una salida policiaca y/o militar al conflicto
armado que existe en Chiapas. No hay que olvidar que “las cruzadas comienzan
por limpiar la casa propia” antes de dirigirse a la tierra que ha de ser
liberada.
El grupo político en el poder en
Chiapas, con la vocación autoritaria de la que ha dado sobradas muestras, y
ante la falta de soluciones reales (no de papel) a los problemas que abruman a
la sociedad –y que se agravaron con el desastre provocado por las lluvias del
mes de septiembre–, ha puesto “en marcha un esfuerzo enorme hacia la
institucionalización de la sospecha y de la autocensura”, y acciones para
callar las voces disidentes y deshacerse de las plumas críticas. Este grupo,
para garantizar su supervivencia y reproducción, necesita responsabilizar a
otros de sus fracasos, construir “culpables” y lincharlos públicamente, bajo la
premisa de que en estos casos siempre es imprescindible “un tema llano,
sencillo y sin adornos, para confundir a los ignorantes”.
10. La sociedad chiapaneca vive
profundamente dividida y peligrosamente polarizada. En Chiapas, muchos de los
temas de la agenda política nos desunen desde hace tiempo: la tierra, las
leyes, las formas de elegir a nuestras autoridades, los derechos indígenas, la
justicia, los derechos humanos, la distribución de apoyos, el acceso a
oportunidades, los derechos laborales, la educación, la división municipal, los
resentimientos regionales.
Como consecuencia de ello, en todos
los espacios de la vida social vivimos fragmentados. Existe división por igual
en partidos, cámaras empresariales, ejidos, asociaciones agrícolas y ganaderas,
organizaciones campesinas, sindicatos, organizaciones de transportistas,
iglesias, municipios, pueblos, comunidades.
A todo esto hay que agregar que tres
tipos de conflictos que ponen en serio riesgo la gobernabilidad de cualquier
región, y que generan una gran polarización social, están latentes en Chiapas:
uno bélico, otro étnico y uno más religioso.
Algunas de las causas de esta
división y polarización encuentran su explicación en el remoto proceso
histórico que dio origen a lo que hoy es la sociedad chiapaneca. Otras, sin
embargo, son el resultado de un pernicioso sistema político local de dominación
que con el paso del tiempo acumuló irresponsablemente, al dejarlos sin resolver
y al optar por salidas autoritarias, infinidad de problemas y conflictos
originados por la creciente demanda social de mejores condiciones de vida.
El gobierno estatal actual ha
desarrollado un papel destacado para ahondar aún más las diferencias que nos
separan. Escudado en el discurso de la reconciliación, ha disuelto algunos de
los “municipios autónomos”, ha destituido y castigado ayuntamientos opositores,
ha desarrollado una política de intromisión en los medios de comunicación, ha
fustigado con declaraciones tronantes y beligerantes a quien se atreve a
contravenir sus órdenes, y está ahora dedicado a combatir a quienes desde
dentro del gobierno y del PRI piensan diferente o representan algo distinto al
proyecto que ha puesto en marcha.
En suma, se ha dedicado con esmero a
atizar la hoguera de los rencores sociales.
11. La sociedad chiapaneca ha
sufrido cambios importantes en los últimos años. Dos hechos hablan por sí solos
de las variaciones que han ocurrido en el Chiapas de los noventa.
Por un lado, la correlación de
fuerzas en el terreno electoral prácticamente se ha mantenido intacta en las
tres últimas elecciones (95, 97 y 98), a pesar de la masiva presencia militar,
de las multimillonarias inversiones que se han anunciado y de las reiteradas
visitas presidenciales a Chiapas.
Y, por otro, la respuesta de un
número significativo de periodistas y columnistas ante los despropósitos del
gobierno y de la directiva del PRI, que hace evidente que cada vez existen más
sectores que están dispuestos a hacer valer y a defender sus opiniones.
De nada le han servido al gobierno
las encuestas y campañas publicitarias onerosas para intentar legitimar su
proyecto, porque los mismos ciudadanos se han encargado de negar en las urnas
electorales, en los medios de comunicación y en la calle, el apoyo unánime del
que se ufanaban.
Es precisamente ante éste y otros
fenómenos novedosos de la participación ciudadana que el bloque autoritario
gubernamental está reaccionando con ferocidad. Sin embargo, los desplantes de
prepotencia y soberbia no les han sido prácticamente de ninguna utilidad.
12. Chiapas necesita un
gobierno que una; que verdaderamente reconcilie, no que divida aún más a la
sociedad. Un gobierno que procure la armonización de las relaciones de los
distintos actores sociales de la entidad y no uno que provoque mayor discordia.
Chiapas necesita un gobierno que se
entregue a la tarea de construir con todos los sectores sociales un nuevo
sistema político que esté en la posibilidad real de procesar de manera
democrática, ordenada, civilizada y tolerante las diferencias de la sociedad
chiapaneca que hoy no encuentran canales institucionales para ser dirimidas. Un
sistema político con reglas claras, que ofrezca igualdad de participación y
brinde oportunidades a todos los actores políticos de la entidad.
Para una sociedad dividida y
polarizada, para una sociedad que se ha puesto en movimiento, el mejor
instrumento para gobernar es el diálogo.
13. Los mexicanos y los
chiapanecos de hoy están exigiendo de sus representantes, en todos los niveles
de gobierno, que informen, que expliquen las razones de sus actos. Están
reclamando también que asuman compromisos, que defiendan los intereses de los
ciudadanos, que cumplan con su deber, que escuchen y atiendan a los gobernados.
Por su parte, los dirigentes del PRI
y los gobernantes de Chiapas exigen guardar silencio, piden obediencia y
reclaman actuar con total impunidad.
Entre el dilema de ser fiel al
mandato popular o sujetarme a las órdenes del poder no tengo la menor duda. Les
informo que voy a seguir con mis actividades y que lo voy a hacer por el mismo
camino que decidí recorrer desde el primer día en que fui investido con el cargo
de Senador de la República.
Sé que en los municipios del estado
hay infinidad de compañeros y compañeras que comparten esta decisión; que están
de acuerdo con mis opiniones sobre la preocupante situación que vive nuestro
estado y sobre las tareas que en los próximos meses habrá que emprender.
Voy a continuar recorriendo el
estado. Voy a realizar reuniones públicas y privadas para conversar con mis
paisanos sobre el presente y el futuro de Chiapas.
Sépanlo de una buena vez quienes
intentaron lincharme públicamente en el Parque Central de Tuxtla: ni la
política ni el gobierno del estado son propiedad de los dirigentes del partido
o de los gobernantes en turno.
De toda esta experiencia que he
pasado en estos últimos días, hay dos cosas que me reconfortan y que me ayudan
a seguir adelante.
Una, es la solidaridad y el apoyo
que me han brindado familiares, amigos, compañeros del partido, dirigentes
políticos y sociales y ciudadanos en general.
La otra, es saber que, en tiempo
de canallas, son acusados de traidores
y desleales quienes se comprometen con la verdad, la paz y la justicia.
