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El fracaso de una imprudente estrategia gubernamental para Chiapas.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
1º de julio de 1998.
Declaración del Senador Pablo
Salazar Mendiguchía,
publicado en el periódico de La
Jornada el 1º de julio de 1998.
Los graves
acontecimientos ocurridos en el municipio El Bosque, Chiapas, me obligan a
fijar una posición política personal. Como Senador de la República, como
mexicano, como chiapaneco, no puedo sino manifestar mi enorme preocupación,
desaliento, dolor e indignación por los sucesos ocurridos en Chavajeval, Unión
Progreso y la cabecera del municipio El Bosque, Chiapas.
Lo que sucedió
la mañana del 10 de junio de 1998 en el municipio El Bosque no es sino el
resultado de una equivocada e imprudente estrategia gubernamental para
enfrentar el conflicto que vive Chiapas desde hace ya cuatro años y medio.
Para
comprender mejor lo que afirmo y para entender lo que está pasando hoy día en
Chiapas es necesario revisar la historia del conflicto chiapaneco durante los
últimos seis meses. Veamos.
La nueva estrategia
gubernamental
Después de la
masacre de Acteal el Presidente de la República nombró un nuevo secretario de
gobernación y cambió al representante gubernamental para el diálogo y la
negociación. En Chiapas, renunció el gobernador interino y en su lugar fue
nombrado un sustituto.
El secretario
de gobernación, casi un mes después de su nombramiento, anunció (26 de enero),
sin que mediara un análisis o balance de la anterior, una nueva estrategia del
gobierno federal para Chiapas, que a la postre resultaron cuatro con diferentes
denominaciones: “cinco elementos básicos para resolver el conflicto”, “doce
acciones generales”, “siete vertientes” y “once acuerdos para acelerar la
estrategia gubernamental de paz”.
Bajo el
argumento de que “para el gobierno federal es fundamental avanzar en la
negociación que permita resolver el conflicto en Chiapas” porque “esta
situación daña a todos; al propio estado de Chiapas, a sus habitantes, al clima
político nacional, a las perspectivas de nuestro desarrollo, a la imagen
internacional del país” el secretario de gobernación dio a conocer la nueva
estrategia política.
El encargado
de la política interior expuso que para el gobierno federal los cinco
“elementos básicos para solucionar el conflicto” debían de ser: 1) intensificar
todos el diálogo y la negociación para alcanzar a la brevedad posible la paz;
2) formular un proyecto de ley sobre derechos y cultura indígena que, conforme
a los Acuerdos de San Andrés, diera satisfacción a las partes; 3) distender,
con palabras y con hechos, la situación de conflicto y encono; 4) colaborar
todos a que la ayuda humanitaria se entregara a todos los grupos; y, 5)
acelerar la atención a las demandas sociales e impulsar, en forma
participativa, los programas de desarrollo social y económico para comunidades
y zonas marginadas, y para todo el estado.
Con base en
esos elementos básicos el secretario de gobernación dijo que el gobierno
federal consideraba conveniente proponer doce acciones generales: 1) desarmar a
todos los grupos; 2) continuar con la investigación de la masacre de Acteal; 3)
reestructurar de fondo a la policía del estado; 4) mejorar el sistema estatal
de procuración de justicia; 5) suprimir el cobro de impuestos no autorizados
por ley y eliminar los bloqueos de caminos; 6) impulsar la participación de los
chiapanecos y de sus autoridades en la solución del conflicto; 7) promover la
pronta remunicipalización y la redistritación electoral de forma participativa,
conforme lo establecen los Acuerdos de San Andrés; 8) eliminar la duplicidad de
autoridades en los municipios; 9) contribuir todos a que llegue la ayuda
humanitaria a los afectados por el conflicto; 10) revisar, a solicitud expresa
y de conformidad con su procedencia, las posiciones del Ejército; 11) presentar
un programa de retorno de los desplazados; y, 12) formular un programa de
indemnización para los huérfanos y las viudas, víctimas de los hechos de Acteal
y Ocosingo.
Contradicción entre propósitos
y acciones gubernamentales
Aun no se anunciaba la nueva
estrategia para Chiapas y ya el ejecutivo actuaba con una política que en los
hechos negaba los propósitos que en ella se planteaban.
De hecho, como
si se hubiera tratado de un mal presagio, el anuncio de la nueva estrategia
gubernamental para Chiapas estuvo precedida y acompañada por una campaña contra
la Comisión de Concordia y Pacificación, cuyo objetivo era descalificar su
propuesta de iniciativa legislativa sobre derechos y cultura indígena.
Por otra
parte, la discusión y los desacuerdos sobre los procedimientos a seguir y las
instancias que debían participar en la entrega de ayuda humanitaria a los
desplazados y afectados por el conflicto, suscitó una polémica pública que creó
un contexto desfavorable para el anuncio de la estrategia y constituyó un
mensaje negativo para el proceso de paz.
Días después
de anunciada la estrategia, el 5 de febrero de 1998, en el discurso
conmemorativo del 81 aniversario de la promulgación de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, el secretario de gobernación pareció dar un
paso atrás en sus compromisos con la reforma constitucional sobre derechos y
cultura indígena al afirmar que correspondía al Congreso de la Unión, en tanto
poder soberano, legislar sobre el particular y “que nadie (podía) exigir al
Poder Ejecutivo que (presentara) un proyecto y (garantizara) la realización de
una reforma que le (correspondía) a otros poderes del Estado Mexicano”.
El 12 de
febrero, en un gesto que fue asumido como contrario a la distensión política,
el gobierno federal endurece su posición respecto a la presencia de extranjeros
en Chiapas y anuncia que expulsará a aquellos que incurran en “excesos
políticos”.
Ese mismo mes,
el 26 de febrero, las autoridades migratorias deciden detener y expulsar al
párroco de Chenalhó, acto que sin lugar a dudas constituye una acción contra el
obispo de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, que a su vez funge como
presidente de la Comisión Nacional de Intermediación (CONAI).
El 14 de
marzo, ante el gabinete en pleno, el jefe del ejecutivo firma la propuesta gubernamental
de reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígena, en un
acto contrario al espíritu y la letra de los Acuerdos de San Andrés, y
desconociendo compromisos políticos de bilateralidad pactados con la COCOPA y
el EZLN en la llamada “vía paralela”.
El 18 de marzo
el coordinador para el diálogo y la negociación en Chiapas declara que la
Comisión Nacional de Intermediación incumple su función mediadora al promover
las posiciones del EZLN, al asumir una posición “francamente parcial” en el
conflicto de Chiapas y al “imputar toda la responsabilidad” de la suspensión
del diálogo al gobierno.
El 22 de marzo
el responsable gubernamental para Chiapas acusa a la CONAI de promover la
intervención extranjera en un documento, que lleva por título “Informe
Narrativo Semestral julio-diciembre de 1997”, y cuya autoría se le atribuye a
la instancia de intermediación.
El 11 de abril
policías de la PGR y de seguridad pública del estado de Chiapas y soldados del
Ejército Mexicano realizan un operativo cuyo fin es desmantelar el municipio
autónomo Ricardo Flores Magón. En esa acción las autoridades detienen a un
grupo de alrededor de 20 personas, entre integrantes del consejo municipal
autónomo y observadores nacionales e internacionales.
El 12 de abril
autoridades migratorias expulsan del país a los observadores extranjeros que
fueron detenidos durante el operativo realizado en el ejido Taniperlas.
El 15 de
abril, en una entrevista hecha por el diario de Caracas, Venezuela, El
Nacional, el presidente de la república afirma que en Chiapas el “principal
grupo paramilitar es el EZLN”.
Los ajustes y los acuerdos para
acelerar la estrategia gubernamental
El 21 de
abril, a casi tres meses de la presentación de la nueva estrategia
gubernamental para Chiapas, el comisionado para el diálogo y la negociación
convoca a una conferencia de prensa en la que hace “una recapitulación global
de la estrategia” del gobierno y “su evaluación (junto) con el gobierno del
estado, a fin de dar un impulso a las acciones que la integran”, y anuncia que
dicha estrategia queda “finalmente estructurada” en 7 vertientes: 1)
focalización de las demandas sociales, particularmente en los municipios con
mayor índice de marginación y pobreza mediante el ejercicio coordinado del gasto
social federal y del gobierno estatal; 2) impulso a la economía de Chiapas,
mediante la inversión privada, la creación de empleos y desarrollo de la
infraestructura; 3) reafirmación y vigencia del estado de derecho, el imperio
de la ley y la reorganización de la seguridad pública; 4) concertación política
inter e intracomunitaria, para dirimir de manera pacífica los conflictos
políticos, ideológicos, religiosos y sociales; 5) ayuda humanitaria a los
desplazados; 6) impulso a la legislación de los pueblos y comunidades
indígenas; y, 7) solución política y pacífica al conflicto con el EZLN mediante
el diálogo y la negociación.
En esa misma
conferencia de prensa el coordinador para el diálogo y la negociación informa
que “esta estrategia global tiene como mecanismo operativo fundamental la
coordinación de las acciones federales y locales, de tal suerte que todas
contribuyan a lograr la paz con justicia y dignidad en Chiapas y dar un impulso
a su desarrollo económico y social”.
Dos días
después se celebra en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, una reunión entre funcionarios
del gobierno federal, encabezados por el coordinador para el diálogo y el
gobernador del estado y funcionarios de su gobierno, de la que emana un
documento que periódicos de la capital de la República dan a conocer con el
título de “Once acuerdos para acelerar la estrategia gubernamental de paz” y
que consisten en: 1) Llevar de manera coordinada entre las autoridades
federales y locales, con pleno respeto a la soberanía del estado, el conjunto
de acciones integradas en las siete vertientes, de tal suerte que se alcancen
los objetivos previstos y en el menor tiempo posible; 2) reconocer que la única
instancia responsable de ejecutar dicho mecanismo de coordinación federal es la
Coordinación para el diálogo y la negociación en Chiapas, junto con el
gobernador del estado como responsable de la coordinación local; 3) realizar
reuniones periódicas (cada 15 días) de manera alternada en la Ciudad de México
y Chiapas; 4) establecer que funcionarios de las áreas federales y locales
competentes acompañarán a los coordinadores a fin de atender los asuntos
específicos a tratarse en las mismas; 5) echar a andar el mecanismo de
coordinación con el tema de la ayuda humanitaria a desplazados para lo que se
crea el Comité Interinstitucional de Ayuda a Desplazados; 6) realizar, al día
siguiente, una reunión entre el Coplade y funcionarios federales para efectos
de la focalización de atención de las demandas sociales; 7) hacer llegar a las
autoridades competentes, a través del coordinador federal, los planteamientos
de desarrollo económico integral expuestos por el gobernador de Chiapas; 8)
revisar el cumplimiento del acuerdo de la Secretaría de Gobernación y el
gobierno estatal en materia de seguridad pública; 9) anunciar que el gobierno
del estado elabora una propuesta de remunicipalización; 10) señalar que ante la
presentación de iniciativas legislativas en materia indígena tanto en el plano
federal como en el local, el mecanismo de coordinación buscará la compatibilización
de las respectivas legislaciones; 11) dar a conocer que el gobierno federal
extenderá la interlocución a los poderes estatales y sectores sociales
chiapanecos en la vertiente de la solución política y pacífica al conflicto con
el EZLN, mediante el diálogo y la negociación.
Como se puede
ver, en el ajuste de la estrategia federal, es decir, en las siete vertientes
en que queda ahora estructurada, ya no están contemplados los puntos que se
refieren a la distensión, con palabras y hechos, de la situación de conflicto y
encono; el desarme de todos los grupos; la investigación de la masacre de
Acteal; ni la revisión de las posiciones del Ejército.
Por otro lado,
en lo que se refiere a los mecanismos de coordinación, implícitamente se
reconoce que en la instrumentación de la estrategia las instancias
gubernamentales no han actuado con prontitud y eficacia, y se centraliza la
toma de decisiones, a grado tal que la coordinación de todas las acciones del
gobierno federal para Chiapas quedan bajo la responsabilidad del coordinador
del diálogo y la negociación, a quien deberán acompañar los funcionarios
federales, sin importar rango, y con quien deberá hacer las gestiones el
gobernador del estado.
La profundización de la
política de enfrentamiento
Conforme
avanzan los días y semanas las posiciones que asumen y las acciones que
emprenden las instancias gubernamentales van creando un ambiente cada vez mas
polarizado y polarizante.
El 29 de abril
el gobierno federal, en una alusión que todos entienden que es a la instancia
de intermediación, manifiesta tener dudas de que quienes “dicen que quieren
ayudar a resolver el problema, realmente quieran ayudar” a resolverlo, y los
conmina, “en un acto de honestidad intelectual”, a “decir realmente que es lo
que quieren de este conflicto, cuál es la agenda política que traen escondida
bajo la manga”.
El 1º de mayo
policías, federales y estatales, y soldados del Ejército Mexicano realizan un
operativo con el fin de disolver el municipio autónomo Tierra y Libertad. En la
acción resultan lesionados varios habitantes del poblado Amparo Agua Tinta y
son detenidos casi medio centenar de indígenas.
El 11 de mayo
autoridades migratorias mexicanas deciden aplicar el artículo 33 constitucional
contra un grupo de observadores italianos que son expulsados del país, sin
posibilidad de regreso en 10 años para unos, y por toda la vida para otros.
El 29 de mayo
el gobierno federal, en una clara referencia a la diócesis de San Cristóbal de
las Casas, pide a “esos que creen que (la) teología justifica la violencia (…)
que rectifiquen, que si tienen, o piensan que tienen una buena misión que
cumplir en la Tierra, que la cumplan a través de la ley”.
El 3 de junio
fuerzas de seguridad locales y federales y soldados del Ejército Mexicano
realizan un operativo en el municipio de Nicolás Ruiz para ejecutar órdenes de
aprehensión en contra de dirigentes de la comunidad.
El 7 de junio,
después de una sistemática campaña de descalificación carente de fundamentos y
de múltiples presiones el presidente de la Comisión Nacional de Intermediación
decide renunciar a la tarea de mediador. Acto seguido, los demás integrantes de
la CONAI declaran la autodisolución de ese organismo de paz.
Los sucesos del municipio El
Bosque
La mañana del
miércoles 10 de junio de 1998 más de 1000 policías de seguridad pública del
estado y de la PGR y soldados del Ejército Mexicano, movilizados en alrededor
de 80 vehículos de todo tipo, realizaron un operativo en las comunidades de
Chavajeval, Unión Progreso y la cabecera del municipio El Bosque, con el fin de
ejecutar órdenes de aprehensión en contra de quince personas acusadas de robo,
daños en propiedad ajena y homicidio.
Ese era el
objetivo declarado. Lo que en realidad buscaban quienes planearon el operativo,
y quizás la coartada del mismo, era disolver con el uso de la fuerza pública el
llamado municipio autónomo y desarticular con ello las instancias de
organización popular que los indígenas de esas comunidades se habían dado a
ellos mismos.
En un
operativo, “de cuya dimensión no se tiene registro desde lo primeros días de
1994”, las fuerzas de seguridad mataron a por lo menos 10 personas e hirieron a
muchas más; detuvieron a medio centenar de indígenas, con formas y
procedimientos claramente violatorios de los más elementales derechos humanos;
arrestaron ancianos y ancianas; maltrataron a mujeres y niños; saquearon,
devastaron y mancillaron casas (los policías defecaron en los cuartos y
habitaciones de las casas); cortaron el suministro de agua; robaron
pertenencias y alimentos; vejaron y humillaron a los pobladores de esas
comunidades.
Hace apenas
seis meses que ocurrió la terrible masacre de Acteal, pero por la conducta
gubernamental desplegada en el municipio El Bosque parece que ésta tragedia
nunca hubiera ocurrido.
La versión
oficial es que en Chavajeval, Unión Progreso y en El Bosque el gobierno actuó
para detener “gavillas”, “asesinos y delincuentes”, para restablecer el “estado
de derecho” y para detener una potencial “escalada de violencia”.
Fue el
coordinador del gobierno para el "diálogo y la negociación en
Chiapas", (como si esa fuera su labor), el que justificó la intervención
policiaco militar en el municipio El Bosque como una acción cuyo propósito era
"evitar que se (repitiera) una nueva masacre como la de Acteal". Es
decir, siguiendo esa lógica, los policías y soldados dispararon contra los
habitantes de ese municipio y mataron a por lo menos 10 personas para evitar
que murieran 45. O como lo declaró la secretaría de gobernación “en el
municipio El Bosque tuvimos que intervenir para detener una escalada de
violencia”. ¿Detener una posible escalada de violencia con violencia?
La imprudencia
política de los funcionarios y sus asesores arrojó en el municipio El Bosque
los primeros resultados trágicos de la “nueva” estrategia gubernamental. Y no
es que después de Acteal y antes de Chavajeval y Unión Progreso no haya habido
muertes que lamentar en Chiapas relacionadas con el conflicto político-militar
estallado en 1994. Si las ha habido. Por el recuento hecho por los medios de
comunicación, la política aplicada por los nuevos funcionarios federales y
locales ya suma más de 40 muertos.
Pero lo que
ocurrió en el municipio El Bosque, por los actores directamente involucrados,
por su forma de actuar, por las acciones emprendidas, por lo que cuentan los
testigos (afectados y medios de comunicación) y por el contexto en el que se
dio, hacen de ese acontecimiento un hecho de una gran relevancia que sin lugar
a dudas afecta el proceso de paz de Chiapas.
Sí, lo que
ocurrió la mañana del miércoles 10 de junio en el municipio El Bosque
constituye un hecho gravísimo para el proceso de paz. La diferencia con Acteal
es que los asesinos no actuaron embozados y los responsables dieron la cara, y
los muertos no fueron cuarenta sino diez (al menos eso sabemos hasta ahora).
Pero, ¿cuál es la diferencia entre la brutalidad y saña con que actuaron los
asesinos de Acteal y la forma en que en El Bosque acribillaron (con artillería
ligera), con absoluta alevosía y ventaja, a los pobladores de esas comunidades?
La masacre de
El Bosque es un hecho muy grave porque en ella perdieron la vida varios
mexicanos y resultaron lesionados otros más. Es grave, porque en ella
intervinieron elementos de Seguridad Pública del Estado de Chiapas, policías
judiciales estatales y federales.
La masacre de
El Bosque es un hecho muy grave, y afecta el proceso de paz, porque en él
tuvieron participación directa oficiales y soldados del Ejército Mexicano.
Desde enero de 1994 no habíamos visto en Chiapas, al menos en fotos y en
escenas de noticieros de televisión, a soldados del Ejército Mexicano disparar
contra otros mexicanos. Desde enero de 1994 no sabíamos de la muerte de
indígenas chiapanecos abatidos por las balas disparadas por soldados del Ejército
Mexicano.
Es un hecho
muy grave porque existe una Ley que establece que mientras otra cosa no ocurra,
en términos militares lo que hay es una tregua y esta tiene que respetarse. No
puede justificarse, y menos podemos aceptar como algo "normal", la
presencia permanente de soldados en la ejecución de órdenes de aprehensión
¿Acaso un millar de policías es insuficiente para ejecutarlas?. Por otro lado,
es irresponsable embarcar en esta aventura y exponer a una institución como el
Ejército Mexicano en tareas que no le están asignadas en la constitución no
conviene al país, desacreditar a este cuerpo popular uniformado, que, desde que
se hizo institucional, no ha tenido más misión que la de custodiar la
integridad de la patria.
La masacre de
El Bosque es un hecho de una gran gravedad porque fue el resultado de un
operativo planeado, preparado y ejecutado por funcionarios gubernamentales.
Es grave
porque respondió a una estrategia gubernamental. No hay que olvidar que un
“pilar fundamental” de esa política lo constituye la ofensiva desatada contra
los municipios autónomos, o dicho con otro lenguaje, la eliminación “de la
duplicidad de autoridades en los municipios” (punto 8 de la nueva estrategia).
Sin embargo,
el ejecutivo federal pretende deslindarse de los hechos. El mismo día 10 de
junio la secretaría de gobernación emitió un boletín de prensa en el que además
de intentar ponerse a salvo vuelve al esquema utilizado en Acteal intentando
explicar los sucesos de El Bosque como un conflicto inter o intracomunitario al
exhortar “a las comunidades y grupos en pugna, a solucionar por la vía pacífica
cualquier conflicto, y a establecer mecanismos de diálogo para dirimir sus
diferencias”, como si las fuerzas de seguridad no hubieran participado en
dichos acontecimientos.
El viernes 12
de junio, al ser interrogado por periodistas sobre las condiciones para el
diálogo directo que ahora propone la secretaría de gobernación, el coordinador
para el diálogo y la negociación en Chiapas declaró que sí las había porque no
era “competencia del gobierno federal la determinación de (disolver) los
municipios autónomos”, frase con la que quiso ocultar su responsabilidad en los
hechos de El Bosque.
En la
estrategia presentada el 26 de enero por el secretario de gobernación, en el documento
de las siete vertientes en que se reestructuró dicha estrategia y en el texto
de los once acuerdos firmado por los gobiernos federal y estatal, están
contenidos los puntos y párrafos que definen el grado de responsabilidad que
tienen en los hechos las dos instancias de gobierno.
Lo que ocurrió
en El Bosque es el resultado de una equivocada estrategia gubernamental. Ni el
gobierno estatal (que ya la asumió) ni el gobierno federal pueden rehuir de su
responsabilidad de enviar a más de 1000 elementos de las policías estatales y
federales y soldados del Ejército Mexicano a ejecutar órdenes de aprehensión y
actuar de la forma en que lo hicieron. No fue a nadie más sino al gobierno al
que se le ocurrió tan imprudente acción política y policiaca.
Es muy difícil
saber cual va a ser el desenlace final de lo ocurrido en Chavajeval, Unión
Progreso y El Bosque. Pero es muy probable que la estrategia gubernamental
hasta ahora ensayada haya encontrado su fin en esos parajes del municipio El
Bosque.
Chavajeval, Unión
Progreso y El Bosque son la expresión palpable del agotamiento de la estrategia
de "negociación" del gobierno federal. Quizás ahora si estemos ante
el "agotamiento de estrategias anteriores".
Por otra
parte, es evidente que en lo que respecta al conflicto chiapaneco nos
encontramos ante un punto de inflexión, ante un verdadero punto de quiebre.
La necesidad de hacer un
balance de la estrategia gubernamental
Han pasado
seis meses desde que se dieron los vertiginosos acontecimientos que sucedieron a
la masacre de Acteal. A medio año de distancia y ante la gravedad de los hechos
ocurridos en el municipio El Bosque, es ineludible hacer un alto en el camino
para examinar en retrospectiva el proceso de pacificación de Chiapas.
Lo es, para
avanzar en el diálogo y la negociación y para construir las condiciones
subjetivas que hagan posible alcanzar con prontitud y eficacia la paz tan
anhelada por todos nosotros.
Para averiguar
el estado en que se encuentra la política desarrollada por el gobierno federal
en Chiapas, es necesario hacer un balance que incluya la revisión y el análisis
de al menos tres elementos: las causas que obligaron al gobierno a atender con
un nuevo interés el conflicto chiapaneco; la estrategia presentada por el
gobierno a principios de año; la aplicación de esa estrategia y los resultados
que hasta ahora se han obtenido.
Causas del nuevo interés gubernamental en el
conflicto
Después de Acteal todo el mundo
creyó que la política gubernamental hacia Chiapas sería diferente a la que la
Secretaría de Gobernación aplicó hasta diciembre de 1997.
Todo lo indicaba así. La indignación
de la sociedad mexicana ante el horror cometido en ese paraje de Chenalhó; la
actitud de los partidos políticos nacionales; las opiniones de periodistas,
académicos, intelectuales y artistas; la preocupación y asombro internacional,
y el aislamiento casi absoluto del gobierno por su política de “olvido” y/o
“administración” del conflicto.
Pero no fue
así. Con la ventaja que da observar a distancia los acontecimientos políticos y
sociales, hoy podemos afirmar que el gobierno se dedicó desde un principio a
desactivar los problemas de opinión, nacionales e internacionales, que le
provocó en Acteal su indolencia política, en vez de buscar sinceramente la paz.
No hubo un
cambio sustancial en la política hacia Chiapas. Después de Acteal el gobierno se limitó a emprender acciones
que buscaban el cambio de la mala imagen que tan horrendo crimen le había
creado.
Sustituyó al
secretario de gobernación, cambió al gobernador del estado y propició la
defenestración de una decena de funcionarios estatales en Chiapas que por
acción o por omisión se presumía habían tenido algún tipo de participación
delictiva en los hechos.
La verdadera
intención desde un principio fue ganar tiempo y apostar nuevamente al olvido.
La idea fue “recuperar” lo mas pronto posible el terreno perdido frente a los
adversarios.
El error de
todos, del Congreso de la Unión, de los formadores de opinión pública, de los
partidos políticos, de la propia COCOPA y de todos aquellos directamente
involucrados en este proceso, fue no demandar una investigación no sólo de los
hechos que se suscitaron en Acteal, sino también una investigación, un análisis
riguroso, de la estrategia del gobierno aplicada hasta ese momento.
Nunca salió de
los labios de los funcionarios gubernamentales una frase que contuviera un
atisbo de autocrítica o un pronunciamiento en el que se aceptara al menos parte
de la responsabilidad por lo acontecido. Como siempre, la infalibilidad como
criterio supremo del ejercicio de gobierno fue lo que se impuso.
Una de las
consecuencias de la ausencia de una reflexión colectiva, de un balance social,
imperceptible en ese momento y todavía ahora, fue que los mexicanos no contamos
con un diagnóstico que nos permitiera discernir sobre la conveniencia o no de
las políticas a aplicar en un futuro. No hicimos un balance común y por lo
tanto nunca supimos qué estuvo mal y qué bien.
Cada uno de
los partidos políticos, cada una de las organizaciones de la sociedad civil y
cada uno de los ciudadanos de la República hizo su propio balance y buscó sus
propias explicaciones sobre los sucedido hasta en ese momento en Chiapas. No
fue por tanto posible, como lo exigía la gravedad de los hechos, convenir entre
todos lo que estuvo mal y lo que estuvo bien del proceso de negociación
chiapaneco, de modo que se pudieran aplicar los correctivos que fueran
necesarios.
Por su lado,
las partes en conflicto se acusaron mutuamente y trataron también de hacer
corresponsables a las instancias de intermediación y coadyuvancia de lo
sucedido.
No podemos
volver a cometer el mismo error otra vez. De hecho, el ejecutivo hizo una
revisión de su estrategia en abril (siete vertientes) y nunca supimos cuáles
fueron las razones y las consideraciones del ajuste. Para enfrentar con
posibilidades de éxito los retos que nos plantea el proceso de pacificación en
Chiapas, es ineludible, hoy por hoy, hacer un análisis exhaustivo de la
estrategia gubernamental y exigir los cambios de rumbo que sean necesarios.
La estrategia anunciada a principios de año
Los nuevos
funcionarios gubernamentales tardaron casi un mes en elaborar la nueva
estrategia para Chiapas. Lo que después de casi tres semanas de trabajo nos
dieron a conocer fue un listado de consideraciones y de propuestas de acción
que daban una respuesta parcial a los problemas por los que atravesaba el
proceso de pacificación en ese preciso momento.
Al inicio de
este texto hacemos un desglose detallado de los elementos básicos en que se
fundaba y las acciones generales que contenía la estrategia gubernamental. Como
podemos ver, más allá de los fraseos con los que se pretende dar a conocer las
buenas intenciones del gobierno, la estrategia se puede dividir en cinco
rubros: desarme de grupos e investigación del crimen de Acteal; seguridad y
vigencia del estado de derecho; incorporación (para que no quepa ninguna duda
de quien dirige el proceso) de los chiapanecos y sus autoridades en el proceso
de pacificación; reordenamiento de la geografía política estatal y eliminación
de la duplicidad de autoridades municipales; y retribución gubernamental a
individuos y comunidades por los daños ocasionados por el conflicto
(desplazados y víctimas).
Como si el
conflicto estuviera situado en otra parte y fueran otros los interlocutores, en
la propuesta gubernamental no había ninguna respuesta concreta a las
condiciones planteadas por el EZLN para la reanudación del diálogo.
Por el
contenido del texto, tanto en los elementos básicos como en las acciones
generales, se puede apreciar que priva una concepción en la que seguridad,
control político y asistencia social se combinan como propuestas medulares para
resolver el conflicto. Esta visión se consolida con la reestructuración (siete
vertientes) solo que en ella predomina la visión asistencialista y economicista
de la solución del conflicto.
Por esa razón
se han creado los mecanismos de coordinación federación-estado de Chiapas, por
eso mismo se impulsa la firma de documentos con nombres kilométricos como el
“Acuerdo social para el bienestar y desarrollo de la región norte y zona
chol-tzeltal de Chiapas” o el “Acuerdo para la estabilidad política, la
reconciliación comunitaria, el desarrollo social y el crecimiento económico”.
Estas acciones
son la expresión de que los actuales funcionarios y sus asesores tienen la idea
de que el conflicto fundamentalmente se resuelve con obra pública, creación
temporal de empleo y asistencias social.
Es una
percepción del conflicto que parece olvidar que en 1993, cuando a mediados del
año se tuvo noticia de la posible existencia de la guerrilla en Chiapas, las
dependencias federales y los millones de pesos de inversión pública se volcaron
para impedir el estallido político y social que finalmente ocurrió el 1º de
enero de 1994.
Y no es que
piense que en Chiapas no haga falta realizar un enorme esfuerzo de inversión
pública para desarrollar al estado, lo que no creemos es que con una estrategia
de ese tipo se pueda resolver el complejo conflicto político social por el que
atraviesa la entidad (o que incluso sirva como presión para obligar a la
negociación) y se pueda llegar a la firma de un acuerdo de paz con el EZLN. El
problema de Chiapas sí es económico-social, pero sobre todo, es un problema de
carácter político.
Aplicación de la estrategia y sus resultados
La estrategia
gubernamental se propuso intensificar el diálogo y la negociación para alcanzar
a la brevedad posible la paz y hoy nos encontramos en una situación peor a la
de diciembre de 1997, con más muertos, presos, campamentos militares y
policiacos, desalojos, extranjeros expulsados, y por supuesto, más división en
las comunidades.
Con su
estrategia el gobierno se propuso también la formulación de un proyecto de ley
sobre derechos y cultura indígena, respetuoso de los Acuerdos de San Andrés y
que diera satisfacción a las partes, y lo que hoy tenemos es un proceso
legislativo en el que están estancadas dos propuestas de reforma
constitucional.
Igualmente, la
estrategia se propuso distender, con palabras y hechos, la situación de
conflicto y encono que vivía en ese momento México y Chiapas, y lo que hoy
podemos apreciar es una opinión pública polarizada, discursos beligerantes y
comunidades que se sienten humilladas e indígenas cuya irritación por la acción
del gobierno en El Bosque los ha colocado en el límite de su tolerancia (como
lo demuestran los desagradables hechos ocurridos en contra del visitador de la
CNDH en Unión Progreso).
El gobierno se
propuso un programa de ayuda humanitaria y de retorno de desplazados y lo que
ha producido su estrategia es un mayor número de desplazados y enormes
dificultades para el apoyo de dichos grupos.
El gobierno
federal que prometió con su estrategia desarmar a todos los grupos y continuar
con la investigación de la masacre de Acteal, no ha desarmado a los
paramilitares, no ha concluido la investigación del crimen de Chenalhó y ya no
considera a estos temas dignos de mención en el documento de las “Siete
vertientes de la estrategia gubernamental”.
La estrategia
gubernamental se propuso la reestructuración de fondo de la policía del estado,
como consecuencia de la masacre de Acteal y del asesinato de una mujer
manifestante en Ocosingo, y fue esa policía en proceso de reestructuración la
que, junto con otros elementos policiacos y militares, dieron muerte a los
indígenas de Chavajeval y Unión Progreso.
La estrategia
gubernamental se propuso además mejorar el sistema de administración de
justicia estatal, y los agentes del ministerio público y jueces han sido muy
rápidos y eficientes para hacer investigaciones y dictar órdenes de aprehensión
en asuntos que convienen a la estrategia gubernamental y terriblemente
perezosos y negligentes para atender otros asuntos.
El gobierno se
propuso con su estrategia una remunicipalización democrática, participativa y
concertada y lo que promovió fue el desmantelamiento de tres municipios
autónomos y uno constitucional con el uso de la fuerza pública y los resultados
que todos conocemos. La acción cometida en Taniperlas le valió ya una recomendación
de la CNDH al gobierno del estado.
Los mexicanos
esperaban que un suceso como el que ocurrió en el municipio El Bosque no se
diera. Lo esperaban por que la razón así lo dictaba y porque el discurso
gubernamental se empeñaba en repetir que las acciones que el gobierno federal
desarrollaba desde enero en Chiapas tenían como objetivo que no se repitiera un
hecho de violencia como el de Chenalhó.
En suma, una
estrategia que debía buscar la pacificación de Chiapas se ha convertido en una
de los principales factores que imposibilitan o dificultan enormemente retomar
el camino de la paz en la entidad.
Los mexicanos esperaban una nueva
estrategia que hiciera posible realmente la paz en Chiapas. No fue así. En lugar de esa política de paz que las
comunidades indígenas esperaban, los gobiernos federal y estatal optaron por
continuar con la política de confrontación con el EZLN, de socavamiento de sus
bases de apoyo, de descalificación de los actores principales del proceso, de
reducción de los espacios y márgenes de acción de todos aquellos que no se
plegaran a su estrategia, de intento de disminuir en los medios de comunicación
y en la agenda gubernamental el tema Chiapas, alejando con ello la posibilidad
de una pronta firma de la paz.
En conclusión:
para avanzar hoy en el proceso de pacificación de Chiapas es imprescindible
realizar un cambio radical de la estrategia gubernamental para el diálogo y la
negociación que genuina y sinceramente busque la firma de un acuerdo de paz con
justicia y dignidad.
No demandarle
al gobierno un cambio en su política para Chiapas y acceder a iniciativas que
no son respaldadas con hechos, es como extender nuevamente un cheque en blanco
para hacerlo efectivo por la cantidad que éste quiera y en el momento que el
gobierno así lo decida.
Por una nueva mexicanidad
chiapaneca
En reiteradas
ocasiones he manifestado ante diversos interlocutores que el conflicto de
Chiapas a la mayoría de los mexicanos les preocupa pero que a los chiapanecos
nos duele.
Quienes hemos
pasado toda nuestra vida en Chiapas; quienes tenemos a nuestros padres,
hermanos, esposa, hijos y amigos en Chiapas; quienes hemos vivido y pensamos
quedarnos para siempre en esta tierra, no podemos sino lamentarnos de lo que
está sucediendo.
Al principio
de este texto dije que me sentía obligado a fijar una posición política ante
los sucesos del municipio de El Bosque. Ahora, después de haber desarrollado
este modesto análisis, me siento obligado a asumir un compromiso moral con los
chiapanecos, sobre todos con aquellos que han sufrido los atropellos a sus
derechos humanos y con aquellos que se indignan ante tales hechos.
Lo hago en la
triple condición en la que participo y vivo este proceso: como chiapaneco, como
mexicano y como Senador de la República. Y lo hago, como ya lo dije, porque me
preocupa, me desalienta, me duele y me indigna lo que ocurrió en El Bosque, de
la misma manera que me indigna lo que pasó en Acteal. He insistido que en este conflicto ya no debían morir más
que los que cayeron en los primeros días de 1994. No hagamos inútil ese
sacrificio y evitemos que sigan muriendo más mexicanos, ya sean civiles o
soldados, zapatistas o no.
Me preocupa la
situación que atraviesa el proceso de paz en Chiapas. Me preocupa la
descomposición y la profundización del deterioro social en Chiapas. Me preocupa
que toda una generación de jóvenes indígenas chiapanecos aniden en su alma un
enorme resentimiento contra el gobierno y sus instituciones. Me preocupan las
manifestaciones racistas y despreciativas que proliferan una vez más en las
ciudades de Chiapas: “estuvo bien lo que hizo el gobierno porque la indiada ya
está muy alzada”.
Por eso, me
preocupa aun más que el Presidente de la República en una entrevista concedida
a la televisión privada, y reproducida en un diario, mencione que existen
sondeos de opinión que muestran “desgraciadamente” que “hay algunos en el país que piensan que
de tiempo atrás el gobierno debió haber adoptado acciones radicales para
controlar la violencia en Chiapas”, para luego concluir que él no comparte “ese
punto de vista” porque cree “que si el gobierno optara por el camino de una
represión violenta, ello nos llevaría a una escalada de violencia”. Me
preocupa, y me preocupa mucho, porque habla del tipo de reactivos que incluyen
las encuestas del gobierno federal y de las reflexiones que hace quien tiene en
sus manos el futuro de la paz en Chiapas.
Me desalienta
que por falta de una clara y firme decisión gubernamental no hayamos podido
resolver por la vía del diálogo franco y sincero, y de una negociación seria y
responsable, el conflicto que vive Chiapas. Es muy desalentador que el gobierno
de un país como el nuestro, con una historia como la que tiene México, acepte
dialogar y firme una serie de acuerdos con un grupo de mexicanos reconocido por
la ley, para después faltar, sin el menor asomo de rubor, a su palabra.
Me duele e
indigna que chiapanecos sean humillados de la manera en que lo hicieron en El
Bosque. Indígenas amarrados, vendados de los ojos, apilados unos sobre otros,
sometidos a tratos inhumanos, como si viviéramos en un país sin leyes. Todo
ello justificado como una acción que perseguía detener a “asesinos y
delincuentes”.
Me indigna aun
más, porque me parece vergonzoso el doble rasero gubernamental. Que por un lado
el gobierno de México califique como de "quebranto del estado de
derecho" la decisión de comunidades chiapanecas de crear municipios
autónomos, y descargue "todo el peso del Estado Mexicano" en contra
de los más humildes de los ciudadanos de la República, y por otra, hable de
"limar asperezas" con el gobierno de los Estados Unidos ante la
evidente violación a la soberanía nacional que implicó la llamada Operación
Casablanca.
Ante acciones
de fuerzas de seguridad del Estado y de soldados que a veces actúan como si formaran
parte de un ejército de ocupación, suenan en mi mente las preguntas que muchos chiapanecos se hacen
desde hace tiempo y que hoy vuelven a cobrar vida: ¿Vale la pena seguir
perteneciendo a México? ¿Es viable la plena mexicanidad chiapaneca? ¿Algún día
dejaremos de ser tratados como mexicanos de segunda?
Mi respuesta
contundente ha sido, es y será siempre un sí. De lo que se trata es de plantear
una nueva mexicanidad chiapaneca.
Refundar la
mexicanidad chiapaneca supone recuperar la capacidad de tomar en nuestras manos
la conducción del destino de nuestra tierra. Una nueva mexicanidad chiapaneca
significa obtener un status de igualdad en la federación y de reconocimiento de
que Chiapas ha dado mucho a México y de que ha llegado la hora de que el país
le retribuya a Chiapas.
Una nueva
mexicanidad chiapaneca supone refundar el pacto social para que todo mundo lo
reconozca como suyo e igualmente todos se reconozcan en él.
En congruencia
con ello, en mi calidad de Senador de la República, desde aquí demando
enérgicamente a las autoridades federales y estatales poner fin de una vez por
todas en Chiapas a la violencia del estado en contra de las comunidades
indígenas y sus habitantes.
La urgencia de una nueva
estrategia de paz
En alguna
medida, unos más que otros, por acción o por omisión, todos somos responsables
de lo que pasa en Chiapas.
El ejecutivo
federal tiene una mayor responsabilidad en tanto que, por principios y
tradiciones históricas se comprometió en Chiapas con una solución pacífica y negociada,
y a ninguna de las dos ha honrado.
Como todo
proceso de paz es por naturaleza imperfecto, el ejecutivo tiene la oportunidad
de rectificar. En la búsqueda de la paz, ningún proceso es despreciable si
tenemos la capacidad de pactar acuerdos posibles y obligarnos a su cumplimiento
inmediato.
Con mayores
costos, pero el gobierno puede desandar el camino andado si toma en cuenta que,
al final de todo, las partes no negocian para hacerse concesiones mutuas, sino
en beneficio de un tercero: la sociedad.
Tampoco debe
olvidar, que en todo conflicto, ninguna de las partes tiene el monopolio de la
solución, y esto sólo es posible cuando el que se cree fuerte está dispuesto a
atender las razones del otro en vez de defender obcecadamente la suya.
Es cierto, el
silencio del EZLN molesta, pero no mata. Violencia y silencio no son
equiparables. Si tengo que optar entre un discurso beligerante y el silencio,
prefiero éste. Finalmente, el silencio es la más pacífica de las formas de
resistencia civil.
La única forma
de cambiar hoy el actual estado de cosas en Chiapas es renovar los esfuerzos
por la paz. Esto implica:
El
cumplimiento cabal de los Acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura
indígena.
La aprobación
de una reforma constitucional sobre derechos y cultura indígena que sea la fiel
interpretación de los Acuerdos de San Andrés.
La revisión, tanto de las posiciones
como de las facultades jurídicas del Ejército en Chiapas, como un paso para
restaurar la confianza en una solución pacífica al conflicto.
Desarmar a los grupos paramilitares,
y
Poner en libertad a todos los presos
de conciencia, y
Poner fin a la violencia del Estado
y generar las condiciones para, con absoluto respeto a los derechos humanos,
frenar la violencia e impunidad de particulares.
El gobierno federal, está obligado a
dar el primer paso.
