Empresas privadas, conflictos públicos.

2/12/2015 06:43:00 a. m. 0 Comments

Malpaso, Chiapas;
9 de mayo de 1999.

Discurso pronunciado por el Senador
Pablo Salazar Mendiguchía,
a propósito de la Privatización  de la
Energía Eléctrica y la Remunicipalización

El Chiapas de mayo de 1999 no es el México de febrero de 1996. Y no lo es en un sentido negativo. Hoy, a más de tres años de distancia, la paz está más lejos que nunca y no hay posibilidades de alcanzarla en el corto plazo. A las promesas incumplidas se suman el incremento en las arbitrariedades y la injusticia. En muchos sectores sociales permea un clima político de desánimo y desconfianza ante el incumplimiento gubernamental de la palabra empeñada en ese entonces. La esperanza de redibujar el mapa de Chiapas a través de una remunicipalización incluyente se ha esfumado, y, por si fuera poco, pende sobre nuestras cabezas la amenaza de privatizar el sistema eléctrico nacional.

El México de hoy es también peor al de entonces por otras razones. La firma de los Acuerdos de San Andrés coincidió en el tiempo con las negociaciones para la Reforma del Estado. Muchas expectativas se levantaron en aquel entonces sobre la posibilidad de establecer un pacto entre los principales actores políticos para transitar a la democracia. Sin embargo las reformas aprobadas quedaron muy por debajo de las necesidades nacionales.

Cuestiones centrales para alcanzar una democracia plena como plebiscito, el referéndum, candidaturas ciudadanas y criterios flexibles para la formación de coaliciones electorales no fueron aprobados. En el México de mayo de 1999 la polarización política y social se ha exacerbado. Los comicios en guerrero y la agresión a cuatro consejeros ciudadanos no son, sino, el ensayo general de una estrategia para los comicios del 2000 ajena. El grito de Rubén Figueroa en Guerrero se ha convertido en el lema de batalla de quienes tratan de mantenerse en el poder a toda costa. La venta de garage que se pretende hacer con la industria eléctrica nacionalizada ha dividido al país. El incremento de cuotas en la UNAM decidido al margen de la consulta y la negociación con la comunidad universitaria anuncia una inminente confrontación.

Privatizar es el nombre del truco

Como si fuera un mago que saca de la chistera el conejo, Leonardo Rodríguez Alcaine, líder vitalicio de los trabajadores electricistas agrupados en el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) y personaje inolvidable de los caricaturistas mexicanos por la elegancia y pulcritud de su lenguaje, anunció el pasado 27 de enero que al gobierno piensa enviar una iniciativa para reformar los artículos 27 y 28 4.constitucionales, y abrir así a la iniciativa privada el sector eléctrico en la generación y distribución de energía.

Al igual que en otras ocasiones el pretexto para esta nueva iniciativa privatizadora es presupuestal. Durante el seminario "Desafío y Opciones del Sector Eléctrico Mexicano: Los Retos del Nuevo Siglo", realizado el pasado 24 de noviembre, el Secretario de Energía señaló que la industria eléctrica mexicana requerirá en los próximos años 25 mil millones de dólares. Casi dos meses después un boletín oficial de la Secretaría advertía que, a partir del año 2002 la demanda de la energía eléctrica excederá a la oferta disponible, lo que pondrá en riesgo la disponibilidad del suministro. Para la evitar la "catástrofe", la dependencia anunció una medicina a gusto del responsable del ramo: abrir el sector al capital privado.

En su momento, las afirmaciones del Secretario Téllez fueron desmentidas, no por algún emisario del pasado populista, sino por el, hasta ese momento, Director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Rogelio Gasca Neri, íntimo amigo del Presidente Ernesto Zedillo. Es sector eléctrico del país no vive de una situación de crisis, ni de urgencia ¾señaló el funcionario¾ pues entre la demanda pico y la capacidad de generación actual existe un colchón de 12 mil megawatts, equivalente a un margen de reserva del 30%. Añadió, que, aunque no se hicieran inversiones en nueva capacidad, la demanda del fluido eléctrico está garantizada hasta el año 2001. Y, clavándole la puntilla insistió en que "en las actuales condiciones es posible dar el mantenimiento a las plantas sin que existan riesgos de apagones o de urgencia para modificar el marco legal y abrir el sector a la inversión privada" (El Universal, 16 de diciembre de 1998). Rogelio Gasca Neri sobrevivió a sus declaraciones tan solo poco más de un mes. El 27 de enero fue sustituido en su cargo.

La opción del hoy ex-director de la CFE es compartida por un amplio número de  técnicos y profesionistas del sector eléctrico que han mantenido en pie a la empresa. Añade, además, que las cifras utilizadas por el Secretario Téllez para argumentar su propuesta son incorrectas. Para justificar la participación de capital privado se ha exagerado el monto de los recursos requeridos, la inversión requerida para los próximos años no es de 25 mil millones de dólares, sino, tan sólo de unos 13 mil millones, esto es, casi la mitad.

Empresas privadas, conflictos públicos

El sistema eléctrico es un bien público que garantiza el desarrollo nacional. La intervención estatal en la industria no fue resultado de la vocación estatalista de los gobernantes en turno, sino del conflicto entre las empresas privadas que controlaban la actividad y los interese de otros sectores que necesitaban de sus servicios. Los intereses particulares de los empresarios de esta rama económica chocaban permanentemente con las necesidades del conjunto de la planta industrial y comercial, y de los usuarios privados. La industria eléctrica es, por racionalidad económica, un monopolio natural integrado.

Recordemos que el 2 de diciembre de 1933, el General L. Rodríguez, envió al Congreso la iniciativa para crear la Comisión Federal de Electricidad como una dependencia descentralizada, destinada a dirigir y organizar el sistema eléctrico nacional, bajo un enfoque social y sin afán de lucro. La Comisión entró en función con Lázaro de Cárdenas, quién, el 14 de agosto de 1937 promulgó la ley para constituirla. Y que en 1960, el Presidente Adolfo López Mateos terminó de nacionalizar la industria.

La industria nacionalizada heredó de las empresas privadas una situación caótica. Existían una gran diversidad de tarifas, y no había criterios para unificarlas. La situación financiera era delicada había una gran diversidad de sistemas de generación y distribución de energía. Una de las primeras tareas del nuevo consorcio estatal fue poner orden. En 1962 el país se dividió en tres grandes regiones, dependiendo de sí supuso era industrial, comercial, domestico o agrícola. La nacionalización permitió una enorme expansión del sector, y facilitó la industrialización del país.

Hidroélectrico

La "Propuesta de cambio estructural de la industria eléctrica en México" establece que "las centrales de generación hidroeléctrica del sur del país (ríos Grijalva y Balsas) también se concesionarán a particulares. Por su dimensión y efectos sobre el mercado eléctrico, resulta esencial que sean operadas comercialmente debido a su influencia en la determinación del precio del mercado. Si no hay garantía de que estas operarán sobre bases comerciales del sector privado difícilmente participará en la generación".

Los permisos de generación de energía eléctrica tendrán una vigencia de 30 años.

El mayor desarrollo de las centrales hidroeléctricas está ubicado en a cuenca del río Grijalva en el sureste del país. Está integrado por las centrales Belisario Domínguez (Angostura), M. Moreno Torres (Chicoasén), Malpaso y Ángel Albino Corzo (Peñitas). La capacidad de generación total del conjunto es de 3,900 MW y representaba en 1996 el 41.8% de la capacidad hidroeléctrica en operación a diciembre de 1995.

Las hidroeléctricas son la joya de la corona. Resumen lo mejor de la ingeniería mexicana. Generan alrededor del 28% de la capacidad efectiva del sector. Su construcción se realizó sobre la base de grandes inversiones de recursos públicos y grandes costos sociales. Decenas de miles de hectáreas, con frecuencia de gran calidad fueron inundadas. Cientos de comunidades enteras debieron ser reubicadas, con la consecuente pérdida de bienes materiales y referencias culturales. Las presas de las que se toma el agua para las turbinas tienen también muchas otras funciones. Su concesión a particulares irremediablemente provocará conflictos. Tendrán que ser malbaratadas.

La propuesta de privatizar el sector eléctrico parte de un equívoco básico: la electricidad no es una mercancía más sino un bien estratégico para el desarrollo soberano del país. Las compañías a las que quiere entregar la generación y distribución de este producto no tienen porque preocuparse del futuro de la nación ni de sus habitantes. Su responsabilidad son los accionistas y su interés obtener ganancias. Hay un corto circuito entre la lógica del beneficio privado y el interés público.

Algunos de los más significativos procesos de privatización de nuestro país han resultado un sonoro fracaso que se ha cargado a la cuenta, no de los inversionistas privados, sino del erario público. El rescate carretero costó 18 millones de pesos, y el rescate bancario 679 mil millones de pesos. No hay ninguna evidencia de que la industria eléctrica vaya a ser la excepción .

Hay algunas cosas que todavía funcionan en México. La educación pública avanza. Y con muchos problemas y dificultades ¾apagones y cobros indebidos incluidos¾, el sistema eléctrico lleva luz y energía a muchos rincones del país. Pero la nueva fe neoliberal tiene un nuevo objetivo: vender al mejor postor es aparte de la infraestructura nacional que debiera ser un bien público.

Municipios y democracia

En México el término municipio se refiere tanto a las ciudades como  a las localidades rurales. Muchos municipios incluyen tanto centros urbanos como comunidades pequeñas dentro de zonas rurales circundantes. En ellos se desarrolla intensa actividad política.

Aunque su origen es anterior al de las demás instancias del poder político del Estado Nacional, el municipio, esto es, la unidad político-administrativa territorial más pequeña, no fue plenamente incorporada al sistema político mexicano hasta la Constitución de 1917.

La autonomía local y el municipio libre fueron una exigencia popular y un reclamo de la resistencia popular contra el Porfiriato. En plena Revolución Mexicana se expresó en las consignas zapatistas de "abajo haciendas, viva pueblos" y "tierra y libertad". En mucho, el reconocimiento constitucional del municipio es uno de los triunfos legales del zapatismo.

En sincronía con una amplio movimiento democratizador minicipalista surgido por todo país a partir de la década de los ochenta, en el que confluyeron movimiento cívicos anticaciquiles y movilizaciones nacidas de la lucha agraria o urbano-popular, se ha desarrollado en nuestro estado una amplia presión comunitaria para remunicipalizar desde abajo al estado. Este movimiento ha protagonizado importantes batallas en contra de la imposición de las autoridades y ahora exige rediseñar las fronteras internas.

La remunicipalización es una añeja demanda insatisfecha que los pueblos de varias regiones de Chiapas enarbolaron antes de la insurrección de 1994.

Sólo los habitantes de San Juan Cancuc recibieron una solución satisfactoria a su petición. La lejanía geográfica y la falta de comunicaciones de centenares de comunidades con la cabecera de los municipios oficialmente reconocidos, el hecho de que las autoridades sean, con frecuencia, parte o representantes de los grupos de poder, el manejo discrecional de los recursos y su distribución inequitativa, y la falta de correspondencia entre los límites territoriales de los municipios y el hábitat de sus pobladores han alimentado durante décadas las aspiraciones remunicipalizadoras. Se trata de una vieja exigencia no resuelta de los pueblos contar con autoridades representativas.

La recomposición minicipalista en marcha no se expresa únicamente en el poder local, pero tiene en él un espacio privilegiado de desarrollo. Esta recomposición se despliega en todos los frentes. Este nuevo movimiento se opone a la idea de que se puede arribar a la remunicipalización sólo por decreto (o por ley), sobre la base de la promulgación desde arriba de un régimen. Es, en mucho manifestación directa de su soberanía, reconocida por el artículo 39 constitucional.

La democracia de hoy hace le municipio libre y la construcción de los poderes locales desde allí un punto central de su nueva política.

Amigos y amigas:

En Malpaso coinciden hoy la aspiración por contar con un municipio propio y la defensa del sector eléctrico nacionalizada. Mantengamos viva esa llama de lucha. Es por Malpaso, por Chiapas y por México.