Empresas privadas, conflictos públicos.
Malpaso, Chiapas;
9 de mayo de 1999.
Discurso pronunciado por el Senador
Pablo
Salazar Mendiguchía,
a propósito
de la Privatización de la
Energía
Eléctrica y la Remunicipalización
El Chiapas de mayo de 1999 no es el
México de febrero de 1996. Y no lo es en un sentido negativo. Hoy, a más de
tres años de distancia, la paz está más lejos que nunca y no hay posibilidades
de alcanzarla en el corto plazo. A las promesas incumplidas se suman el
incremento en las arbitrariedades y la injusticia. En muchos sectores sociales
permea un clima político de desánimo y desconfianza ante el incumplimiento
gubernamental de la palabra empeñada en ese entonces. La esperanza de redibujar
el mapa de Chiapas a través de una remunicipalización incluyente se ha
esfumado, y, por si fuera poco, pende sobre nuestras cabezas la amenaza de
privatizar el sistema eléctrico nacional.
El México de hoy es también peor al
de entonces por otras razones. La firma de los Acuerdos de San Andrés coincidió
en el tiempo con las negociaciones para la Reforma del Estado. Muchas
expectativas se levantaron en aquel entonces sobre la posibilidad de establecer
un pacto entre los principales actores políticos para transitar a la
democracia. Sin embargo las reformas aprobadas quedaron muy por debajo de las
necesidades nacionales.
Cuestiones centrales para alcanzar
una democracia plena como plebiscito, el referéndum, candidaturas ciudadanas y
criterios flexibles para la formación de coaliciones electorales no fueron
aprobados. En el México de mayo de 1999 la polarización política y social se ha
exacerbado. Los comicios en guerrero y la agresión a cuatro consejeros
ciudadanos no son, sino, el ensayo general de una estrategia para los comicios
del 2000 ajena. El grito de Rubén Figueroa en Guerrero se ha convertido en el
lema de batalla de quienes tratan de mantenerse en el poder a toda costa. La
venta de garage que se pretende hacer con la industria eléctrica nacionalizada
ha dividido al país. El incremento de cuotas en la UNAM decidido al margen de
la consulta y la negociación con la comunidad universitaria anuncia una
inminente confrontación.
Privatizar es
el nombre del truco
Como si fuera un mago que saca de la
chistera el conejo, Leonardo Rodríguez Alcaine, líder vitalicio de los
trabajadores electricistas agrupados en el Sindicato Único de Trabajadores
Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) y personaje inolvidable de los
caricaturistas mexicanos por la elegancia y pulcritud de su lenguaje, anunció
el pasado 27 de enero que al gobierno piensa enviar una iniciativa para
reformar los artículos 27 y 28 4.constitucionales, y abrir así a la iniciativa
privada el sector eléctrico en la generación y distribución de energía.
Al igual que en otras ocasiones el
pretexto para esta nueva iniciativa privatizadora es presupuestal. Durante el
seminario "Desafío y Opciones del Sector Eléctrico Mexicano: Los Retos del
Nuevo Siglo", realizado el pasado 24 de noviembre, el Secretario de
Energía señaló que la industria eléctrica mexicana requerirá en los próximos años
25 mil millones de dólares. Casi dos meses después un boletín oficial de la
Secretaría advertía que, a partir del año 2002 la demanda de la energía
eléctrica excederá a la oferta disponible, lo que pondrá en riesgo la
disponibilidad del suministro. Para la evitar la "catástrofe", la
dependencia anunció una medicina a gusto del responsable del ramo: abrir el
sector al capital privado.
En su momento, las afirmaciones del
Secretario Téllez fueron desmentidas, no por algún emisario del pasado
populista, sino por el, hasta ese momento, Director de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), Rogelio Gasca Neri, íntimo amigo del Presidente Ernesto
Zedillo. Es sector eléctrico del país no vive de una situación de crisis, ni de
urgencia ¾señaló el funcionario¾
pues entre la demanda pico y la capacidad de generación actual existe un
colchón de 12 mil megawatts, equivalente a un margen de reserva del 30%.
Añadió, que, aunque no se hicieran inversiones en nueva capacidad, la demanda
del fluido eléctrico está garantizada hasta el año 2001. Y, clavándole la
puntilla insistió en que "en las actuales condiciones es posible dar el
mantenimiento a las plantas sin que existan riesgos de apagones o de urgencia
para modificar el marco legal y abrir el sector a la inversión privada"
(El Universal, 16 de diciembre de 1998). Rogelio Gasca Neri sobrevivió a sus
declaraciones tan solo poco más de un mes. El 27 de enero fue sustituido en su
cargo.
La
opción del hoy ex-director de la CFE es compartida por un amplio número de técnicos y profesionistas del sector
eléctrico que han mantenido en pie a la empresa. Añade, además, que las cifras
utilizadas por el Secretario Téllez para argumentar su propuesta son
incorrectas. Para justificar la participación de capital privado se ha exagerado
el monto de los recursos requeridos, la inversión requerida para los próximos
años no es de 25 mil millones de dólares, sino, tan sólo de unos 13 mil
millones, esto es, casi la mitad.
Empresas privadas, conflictos públicos
El
sistema eléctrico es un bien público que garantiza el desarrollo nacional. La
intervención estatal en la industria no fue resultado de la vocación
estatalista de los gobernantes en turno, sino del conflicto entre las empresas
privadas que controlaban la actividad y los interese de otros sectores que
necesitaban de sus servicios. Los intereses particulares de los empresarios de
esta rama económica chocaban permanentemente con las necesidades del conjunto
de la planta industrial y comercial, y de los usuarios privados. La industria eléctrica
es, por racionalidad económica, un monopolio natural integrado.
Recordemos
que el 2 de diciembre de 1933, el General L. Rodríguez, envió al Congreso la
iniciativa para crear la Comisión Federal de Electricidad como una dependencia
descentralizada, destinada a dirigir y organizar el sistema eléctrico nacional,
bajo un enfoque social y sin afán de lucro. La Comisión entró en función con
Lázaro de Cárdenas, quién, el 14 de agosto de 1937 promulgó la ley para
constituirla. Y que en 1960, el Presidente Adolfo López Mateos terminó de
nacionalizar la industria.
La
industria nacionalizada heredó de las empresas privadas una situación caótica.
Existían una gran diversidad de tarifas, y no había criterios para unificarlas.
La situación financiera era delicada había una gran diversidad de sistemas de
generación y distribución de energía. Una de las primeras tareas del nuevo
consorcio estatal fue poner orden. En 1962 el país se dividió en tres grandes
regiones, dependiendo de sí supuso era industrial, comercial, domestico o
agrícola. La nacionalización permitió una enorme expansión del sector, y
facilitó la industrialización del país.
Hidroélectrico
La
"Propuesta de cambio estructural de la industria eléctrica en México"
establece que "las centrales de generación hidroeléctrica del sur del país
(ríos Grijalva y Balsas) también se concesionarán a particulares. Por su
dimensión y efectos sobre el mercado eléctrico, resulta esencial que sean
operadas comercialmente debido a su influencia en la determinación del precio
del mercado. Si no hay garantía de que estas operarán sobre bases comerciales
del sector privado difícilmente participará en la generación".
Los
permisos de generación de energía eléctrica tendrán una vigencia de 30 años.
El
mayor desarrollo de las centrales hidroeléctricas está ubicado en a cuenca del
río Grijalva en el sureste del país. Está integrado por las centrales Belisario
Domínguez (Angostura), M. Moreno Torres (Chicoasén), Malpaso y Ángel Albino
Corzo (Peñitas). La capacidad de generación total del conjunto es de 3,900 MW y
representaba en 1996 el 41.8% de la capacidad hidroeléctrica en operación a
diciembre de 1995.
Las
hidroeléctricas son la joya de la corona. Resumen lo mejor de la ingeniería
mexicana. Generan alrededor del 28% de la capacidad efectiva del sector. Su
construcción se realizó sobre la base de grandes inversiones de recursos
públicos y grandes costos sociales. Decenas de miles de hectáreas, con
frecuencia de gran calidad fueron inundadas. Cientos de comunidades enteras debieron
ser reubicadas, con la consecuente pérdida de bienes materiales y referencias
culturales. Las presas de las que se toma el agua para las turbinas tienen
también muchas otras funciones. Su concesión a particulares irremediablemente
provocará conflictos. Tendrán que ser malbaratadas.
La
propuesta de privatizar el sector eléctrico parte de un equívoco básico: la
electricidad no es una mercancía más sino un bien estratégico para el
desarrollo soberano del país. Las compañías a las que quiere entregar la generación
y distribución de este producto no tienen porque preocuparse del futuro de la
nación ni de sus habitantes. Su responsabilidad son los accionistas y su
interés obtener ganancias. Hay un corto circuito entre la lógica del beneficio
privado y el interés público.
Algunos
de los más significativos procesos de privatización de nuestro país han
resultado un sonoro fracaso que se ha cargado a la cuenta, no de los
inversionistas privados, sino del erario público. El rescate carretero costó 18
millones de pesos, y el rescate bancario 679 mil millones de pesos. No hay
ninguna evidencia de que la industria eléctrica vaya a ser la excepción .
Hay
algunas cosas que todavía funcionan en México. La educación pública avanza. Y
con muchos problemas y dificultades ¾apagones
y cobros indebidos incluidos¾,
el sistema eléctrico lleva luz y energía a muchos rincones del país. Pero la
nueva fe neoliberal tiene un nuevo objetivo: vender al mejor postor es aparte
de la infraestructura nacional que debiera ser un bien público.
Municipios y democracia
En
México el término municipio se refiere tanto a las ciudades como a las localidades rurales. Muchos municipios
incluyen tanto centros urbanos como comunidades pequeñas dentro de zonas
rurales circundantes. En ellos se desarrolla intensa actividad política.
Aunque
su origen es anterior al de las demás instancias del poder político del Estado
Nacional, el municipio, esto es, la unidad político-administrativa territorial
más pequeña, no fue plenamente incorporada al sistema político mexicano hasta
la Constitución de 1917.
La
autonomía local y el municipio libre fueron una exigencia popular y un reclamo
de la resistencia popular contra el Porfiriato. En plena Revolución Mexicana se
expresó en las consignas zapatistas de "abajo haciendas, viva
pueblos" y "tierra y libertad". En mucho, el reconocimiento
constitucional del municipio es uno de los triunfos legales del zapatismo.
En
sincronía con una amplio movimiento democratizador minicipalista surgido por
todo país a partir de la década de los ochenta, en el que confluyeron
movimiento cívicos anticaciquiles y movilizaciones nacidas de la lucha agraria
o urbano-popular, se ha desarrollado en nuestro estado una amplia presión
comunitaria para remunicipalizar desde abajo al estado. Este movimiento ha
protagonizado importantes batallas en contra de la imposición de las
autoridades y ahora exige rediseñar las fronteras internas.
La
remunicipalización es una añeja demanda insatisfecha que los pueblos de varias
regiones de Chiapas enarbolaron antes de la insurrección de 1994.
Sólo
los habitantes de San Juan Cancuc recibieron una solución satisfactoria a su
petición. La lejanía geográfica y la falta de comunicaciones de centenares de
comunidades con la cabecera de los municipios oficialmente reconocidos, el
hecho de que las autoridades sean, con frecuencia, parte o representantes de
los grupos de poder, el manejo discrecional de los recursos y su distribución
inequitativa, y la falta de correspondencia entre los límites territoriales de
los municipios y el hábitat de sus pobladores han alimentado durante décadas
las aspiraciones remunicipalizadoras. Se trata de una vieja exigencia no
resuelta de los pueblos contar con autoridades representativas.
La
recomposición minicipalista en marcha no se expresa únicamente en el poder
local, pero tiene en él un espacio privilegiado de desarrollo. Esta
recomposición se despliega en todos los frentes. Este nuevo movimiento se opone
a la idea de que se puede arribar a la remunicipalización sólo por decreto (o
por ley), sobre la base de la promulgación desde arriba de un régimen. Es, en
mucho manifestación directa de su soberanía, reconocida por el artículo 39
constitucional.
La
democracia de hoy hace le municipio libre y la construcción de los poderes
locales desde allí un punto central de su nueva política.
Amigos y
amigas:
En
Malpaso coinciden hoy la aspiración por contar con un municipio propio y la
defensa del sector eléctrico nacionalizada. Mantengamos viva esa llama de
lucha. Es por Malpaso, por Chiapas y por México.