Para nosotros, la salud es el primer bien público a
que tiene derecho una sociedad. Es una obligación del gobierno, garantizar que
todas las personas tengan acceso a los servicios médicos y a los medicamentos.
Los chiapanecos demandan y merecen una atención a la salud que sea de calidad y
que se ofrezca con calidez.
“Nunca antes se había hecho
planeación en el ámbito municipal. Cuando llegamos, elaboramos 118 planes
municipales de salud. Fuimos el primer gobierno en todo el país en hacerlo. Con
esto garantizamos que las acciones se programaran desde abajo, no desde las
oficinas, sino desde cada municipio. A partir de los planes, empezaron las
respuestas.
“Convencimos al gobierno
federal para que ellos también hicieran un plan de salud para todo el país.
Así, elaboraron un Plan Maestro de atención a las necesidades nacionales.
“El gobierno de Chiapas logró
incorporar al Plan Maestro los dos grandes hospitales, Ciudad Salud en
Tapachula, el Hospital Pediátrico de Tuxtla y siete hospitales en diferentes
municipios. De esta forma, los hospitales de nueva generación construidos en
esta administración tienen la garantía de que el gobierno federal se va a hacer
cargo de su mantenimiento y operación durante toda la vida.
”Así cumplimos el compromiso
social de este gobierno. Que la gente ya no se muera por enfermedades curables,
que ya no esté incomunicada, que hayan hospitales, y que la gente tenga acceso
a la salud.
“Son acciones integrales, por eso, hoy, podemos afirmar que enfermedades como
el tracoma están bajo control y estamos en proceso de certificación para decir
que este mal será finalmente erradicado en Chiapas. La Organización Mundial de
la Salud declaró el año 2020, como el ano en que deberá erradicarse esta
enfermedad en el mundo. La buena noticia es que, en nuestro estado, no
tendremos que esperar hasta esa fecha.
“Este esfuerzo empieza a tener resultados. El Programa de la Organización de
las Naciones Unidas para el Desarrollo ha informado que el estado con mayor
avance en los indicadores de desarrollo humano – es decir, educación, salud e
ingresos- es Chiapas.
“Reducimos el 25 por cierto la
mortalidad materna. De acuerdo con la Secretaria de Salud Federal, Chiapas es
el estado que con mayor velocidad está combatiendo la mortalidad materna en
todo el país: ocupamos el primer lugar.
“Por otra parte, el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición ‘Salvador
Zubirán, nos había dicho que para disminuir la prevalencia en desnutrición se
necesitaban 70 años. A los cinco anos, volvimos a hacer el diagnóstico y reveló
que con lo que estábamos haciendo se necesitarían 50. Es decir, disminuimos 20.
En cinco años tuvimos una disminución de la prevalencia de 4.5 por ciento
sostenidamente y, en el último resultado del 2006, llegamos al 6.7 por ciento.
Así hay dos lecturas: primera, la desnutrición no se incrementó; segunda, la
disminuímos.
“Existe otro dato revelador.
Chiapas, durante medio siglo ocupó el primer lugar en marginación. Ese lugar
ocupábamos hasta el año 2000. En una evaluación hecha al periodo 2000-2005, nos
movimos al siguiente sitio. Por primera vez, en 50 años, Chiapas ya no es el
último del país. Este logro es de lo más impresionante en este gobierno porque
mover un punto, uno sólo de los indicadores de marginación, significa mucha
voluntad política, mucho dinero, mucho esfuerzo, mucho trabajo de todos”.
Hospital
de Especialidades Pediátricas
“¿Cómo medir la aportación que
para la salud pública de Chiapas tendrá este Hospital Pediátrico de Tuxtla
Gutiérrez? Simplemente no hay manera. Lo que se puede ver, en cambio, son los
rostros felices de las enfermeras, de los técnicos, de los trabajadores
administrativos, de los médicos, de todo el personal que lo tiene a su cargo; y
sobre todo, ver los rostros felices de las madres y de sus hijos que son los
beneficiarios de esta gran obra.
“Lo que sí se podrá, en poco
tiempo, es apreciar la decisiva influencia del hospital en la mejor calidad de
vida de las niñas y los niños de Chiapas.
“Sin duda, la respuesta más
cercana a la mayor necesidad humana está en las expresiones comunes de nuestro
pueblo, en sus demandas cotidianas y hasta en sus rezos, en sus plegarias.
¿Quién no ha oído a un padre o a una madre decir ‘mientras no falte la salud,
todo está bien? Por supuesto, la salud es el motor de la vida. Si se trata de nuestros
hijos, cuando la salud falta, cuando la medicina no llega, cuando el doctor no
está a nuestro alcance, entonces el dolor cobra una mayor dimensión, cobra una
dimensión dramática. ¿Quién no está dispuesto a hacer lo que sea por un hijo?
¿Quién no está dispuesto a vender todo lo que tiene por la vida de lo que más
amamos? ¿Quién, incluso, no ha estado decidido, en el momento más intenso del
dolor, a cambiar el sufrimiento de nuestros hijos por el nuestro, a ponernos en
su lugar si fuera necesario?
“Ésta es la aportación que
quedará. Éste es el nuevo patrimonio del pueblo de Chiapas de él y de nadie más
que de él”.
Hospital
de Alta Especialidad Ciudad Salud
“Ciudad Salud atenderá a más de
2 millones 200 mil personas mayores de edad.
“La mayoría de la población es
no asegurada y no tenían servicios. Hoy, se cumple un acto de justicia social.
También, se fortalece la ética pública, porque, ahora, todo chiapaneco, tiene
la garantía de que tendrá acceso a los últimos adelantos científicos y
tecnológicos de la medicina moderna, independientemente de su condición social.
“Nuestros estudiantes también
se van a beneficiar porque, en lo científico, la medicina chiapaneca se va a
incorporar al circuito nacional de medicina de vanguardia. El reto posterior
será convertir al Soconusco en potencia científica regional en salud.
“Con Ciudad Salud, nuestra
población ya no tendrá necesidad de viajes costosos y largos. Antes de este
hospital, no había muchos caminos. Los asegurados tenían el camino de ir al
Seguro Social, al ISSSTE o al ISSTECH. Los no asegurados, dependiendo de su
situación, no tenían más que tres caminos: los que tenían posibilidades
económicas se iban a Houston o a esos hospitales majestuosos que hay en la
ciudad de México. Los que no tenían mucho empeñaban todo, hipotecaban su vida y
generalmente perdían todo. Había otros, los que no tenían nada, que tenían como
único destino la muerte. Esto es lo que hace la diferencia. Hoy, en Chiapas, la
muerte ya no es el destino para los chiapanecos”.
Hospital
de Especialidades “Vida Mejor”
“Con este hospital, completamos
el circuito de atención de tercer nivel. El Hospital de Especialidades está
destinado a un universo específico: a los trabajadores del Gobierno del Estado,
derechohabientes y no derechohabientes pero que sean trabajadores del gobierno.
Con esto damos respuesta a una vieja demanda, a un viejo reclamo de los
trabajadores.
“El Hospital de Especialidades
‘Vida Mejor’ es el más caro de todos los hospitales que hicimos en el estado:
tiene un costo de más de 400 millones de pesos. Es un hospital moderno,
modernísimo, digno de la hermosa capital que cada día más es Tuxtla Gutiérrez;
pero, sobre todo digno de la gente de Chiapas que se merece atención de primera
porque es gente de primera.
“Este hospital es prueba de
nuestro compromiso con la salud y está construido con el 100 por ciento de los
recursos del gobierno del Estado. Aquí no hay un solo peso de inversión
federal”.
Viejas rivalidades, ancestrales inclusive, y las
religiones, causaron un verdadero desplazamiento de familias enteras de sus
comunidades. Uno de los problemas medulares a que se enfrentó el gobierno, fue
precisamente el de restañar el tejido social que había sido roto por luchas
entre hermanos.
La situación no era nada
fácil, se habían acumulado a lo largo de los años con la complacencia de
autoridades, el mapa indígena de Chiapas tenía demasiados puntos en conflicto.
Pero todos a través de la negociación y el diálogo se fueron resolviendo, entre
el año 2001 y 2006.
Facilitar que miles de chiapanecos desplazados por viejas
diferencias retornaran a sus lugares de origen, fue siempre un compromiso de
Pablo Salazar a lo largo de su campaña política. A su llegada al gobierno, una
de las primeras medidas fue precisamente esa, realizar un diagnóstico para
visualizar el problema y definir las acciones tendientes a favorecer la
distensión entre comunidades.
Para esto, nombró a Juan
González Esponda, académico e investigador de la Universidad Autónoma de
Chiapas, para encabezar la Comisión de Reconciliación de Comunidades en
Conflicto, cuya misión era precisamente generar las condiciones y los acuerdos
políticos entre las comunidades y las organizaciones sociales para construir de
manera conjunta las condiciones para la reconciliación y la paz. Para crear los
espacios de resolución de los conflictos a través del diálogo respetuoso,
incluyente y propositivo. El primero de febrero de 2001 Salazar anunció:
“Para que a una sociedad en
conflicto vuelvan la armonía y la concordia, es necesario que el gobierno
construya los espacios de encuentro, atienda los reclamos de agraviados, escuche
a todos los involucrados y dé su lugar a cada una de las partes.
“Se requiere también que
los integrantes de las propias comunidades en conflicto estén dispuestos a
iniciar procesos de acercamiento en los que prevalezcan verdaderas actitudes de
reencuentro y a ser generosos con quienes han sido ofendidos.
“No puede hablarse de
reconciliación genuina, si por voluntad de poder, por intereses creados o por
espíritu de venganza, quien habla no está dispuesto a dar y quien escucha
endurece su corazón.
“La armonización de las
relaciones sociales en comunidades en conflicto, reclama además, que el
gobierno y la sociedad construyan estructuras de cooperación y espacios de
solidaridad que permitan reordenar su acción colectiva.
“Sobre la base de estos
principios, quiero informar que he nombrado al maestro Juan González Esponda
como Comisionado para la Reconciliación de Comunidades en Conflicto, cuyas
tareas primordiales serán las siguientes:
1.- Generar las condiciones y los espacios para la realización de un
diálogo plural, tolerante, democrático y respetuoso entre el gobierno estatal y
las comunidades, así como entre los integrantes de las propias comunidades que
se encuentran desgarradas por viejos y nuevos conflictos, con el propósito de
construir puentes de entendimiento y avanzar en un proceso de distensión que
ponga fin a los enfrentamientos y la enemistad social.
2.- Lograr la reconciliación al interior de las comunidades y entre
las comunidades y las organizaciones sociales, tomando como principio el
respeto a la vida y la dignidad de las personas.
3.- Promover la armonía de las relaciones sociales y políticas que
permita a las y los chiapanecos construir una nueva unidad social, respetando
la diversidad y la pluralidad, para avanzar en el desarrollo de nuestros
pueblos y consolidar el bienestar común, en un ambiente de solidaridad y
corresponsabilidad.
4.- Solucionar las causas de los enconos y la violencia potenciando
los recursos humanos y materiales del Estado mediante el concurso y consenso de
todos los pueblos y comunidades.
5.- Construir una cultura de reconciliación y paz, fundada en la
justicia y el respeto a los derechos humanos.
6.- Identificar, analizar y diseñar estrategias de solución a los
conflictos en la región Norte, en especial en la zona Chol, Chamula, Venustiano
Carranza, Margaritas, Chenalhó, Simojovel, El Bosque, Chimalapas, entre otros.
“El respeto a la palabra y al pensamiento de las partes
involucradas será un principio metodológico central en el modo de operar del
comisionado para la reconciliación de comunidades en conflicto, respetando
siempre y en todo, la voluntad, los derechos y la dignidad de las partes”.
Salazar sabía que tenía que
generar condiciones de distensión en las zonas, primero como un paso necesario,
y después, para coadyuvar con el proceso de paz entre el gobierno federal y el
EZLN, atendiendo con eficacia los conflictos en las márgenes de la tensión
central. Por ello, consideró que:
“La negociación no debe ser
en sí misma un espectáculo. Vamos a privilegiar los encuentros privados con
resultados públicos para que las comunidades puedan desahogar los sentimientos
y sus pasiones con toda libertad”. Esta frase de Salazar dimensionaba
correctamente los objetivos, mismos que fueron reforzados por González Esponda,
quien advirtió que no iría a las comunidades a imponer estrategias de
reconciliación, como se hacía antes, “se trata de invitar a las comunidades y
pueblos en conflicto a que acudan para iniciar procesos de diálogo que nos
permitan ir definiendo agendas y procedimientos para buscar solución a los
conflictos”.
Esta nominación y la
creación de este organismo estatal permitieron abordar el entramado social
pulverizado y convulsionado en lo político, agrario, religioso y social. La
estrategia de intervención del Comisionado para la Reconciliación de
Comunidades en Conflicto se articuló a partir de los siguientes ejes:
·Identificación del problema
·Establecimiento de contacto con y entre las
partes involucradas
·Construcción de acuerdos y consensos.
·Seguimiento y verificación de los acuerdos.
La prioridad del gobierno de
Salazar fue detener el surgimiento de nuevos conflictos y evitar que los
existentes tuviesen desenlaces violentos, estableciéndose espacios de diálogo y
de negociación de las partes con la mediación del Gobierno del Estado. Unos
meses después llegaron los primeros frutos.
Retorno de desplazados.
Sólo entre 2001 y 2002 el
gobierno del estado propició el regreso a sus comunidades de origen de más de
cuatro mil personas desplazadas, integrantes de 446 familias que en su mayoría
regresaron a sus comunidades de origen y algunas fueron reubicadas, luego de
que las partes en conflicto firmaron acuerdos de reconciliación y de respeto
mutuo. La acción era contundente. En uno de estos retornos Salazar señaló que:
“Cada retorno es como un
regreso a la vida. Así como la planta no puede sobrevivir sin su ambiente
natural fuera de la tierra, así los seres humanos cuando somos arrancados de la
tierra donde nacimos y crecimos, donde están nuestros vivos y nuestros muertos,
sufrimos también una muerte lenta. Es por eso que el desplazamiento equivale a
un genocidio”. (Retorno de 26 familias cristianas desplazadas, a la comunidad
de Justo Sierra en Las Margaritas).
Así se desarrollaba el
recuento.
Cuatro familias (20
personas) desplazadas de la comunidad de San Andrés Quintana Roo, en el
municipio de Sabanilla.
Once familias (48 personas)
de las comunidades de Chimix y Canolal, retornaron a sus lugares luego de
permanecer desplazados desde 1997. Esto se logró con la firma del acuerdo de
reconciliación y convivencia pacífica signado con las autoridades comunitarias
y constitucionales del Ayuntamiento de Chenalhó. Estaban refugiados en las
instalaciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indios.
Estas dos comunidades del municipio de Chenalhó se sumaron al beneficio de más
de 4 mil 400 personas desplazadas que retornaron a sus hogares por la vía
pacífica, y sin la utilización de la fuerza pública.
Luego, 47 familias
integrantes de la Organización Civil “Las Abejas”, retornaron a su comunidad de
origen, después de haber permanecido por casi cuatro años desplazadas en
Chenalhó y San Cristóbal de Las Casas.
Las 255 personas tzotziles
iniciaron el retorno a sus hogares, a las comunidades Nueva Esperanza y
Canolal, en donde se reintegraron a la vida comunitaria, tras permanecer fuera
de sus hogares desde 1997, a causa de la matanza de Acteal.
La política establecida para
permitir el retorno de desplazados era todo un éxito y el mismo gobernador
acompañó a 538 personas de 107 familias de las comunidades de Quextic Centro,
Poblado Quextic, Tzajalhucum y Acteal Alto del municipio de Chenalhó.
El acuerdo signado
establecía el respeto al derecho a la vida y la integridad física, a la
propiedad agraria y comunal, a la igualdad, a la libertad, a la diversidad
cultural, de profesar creencias religiosas, de expresión y participación
política, así como de libre tránsito en comunidades dentro del municipio.
Un grupo de 189 personas
integradas en 35 familias de la Sociedad Civil “Las Abejas” retornaron a su
comunidad de origen, tras permanecer desplazadas desde 1997 en el campamento
X’oyep. Llegaron a la comunidad de Miguel Utrilla Los Chorros, su lugar de
origen.
“A nadie le pedimos que
olvide lo que pasó. Si nos olvidamos corremos el riesgo de que volvamos a
cometer el mismo error. Mantengamos fresca la memoria para no agudizar el
sentido de venganza en nosotros. Conservemos fresca la memoria para que no
volvamos a vivir estas páginas horribles y negras que hemos tenido que padecer
en la historia de Chiapas”, les dijo Pablo Salazar en un improvisado discurso.
El gobernador ya había
encabezado el primer retorno de desplazados, en agosto en las comunidades de
Chuchtic, Yashgemel y Puebla, en el municipio de Chenalhó. Esto mismo se
replicó en comunidades de Huitiupan, Sabanilla, Tila y Tumbalá, de tal manera
que al término del sexenio de Salazar habían retornado a sus comunidades de
origen o habían sido reubicadas más del 90 por ciento de las familias que en
2001 fueron identificadas en esa condición (14 096 personas). A este esfuerzo
se sumaron diferentes dependencias del gobierno del estado: Secretaría de
Desarrollo Social, Desarrollo Rural, Secretaría de Gobierno Pueblos Indios,
Fiscalía de Justicia y otras. Incluso, Salazar logró que el gobierno federal, a
través de la CDI, que el Congreso de la Unión aprobara un recurso financiero
destinado exclusivamente para atender a la población internamente desplazada.
Reapertura de templos católicos.
Como una
consecuencia del conflicto zapatista o como parte de él, en los municipios de
Tila y Sabanilla, en el norte del estado, los grupos que no simpatizaban con el
movimiento armado, en un hecho inédito, desahogaron su ira e inconformidad
clausurando los templos católicos e impidiendo la entrada de los párrocos a
ofrecer los servicios religiosos.
La reapertura de
los templos, fue uno de los retos más difíciles que el gobierno de Pablo
Salazar tuvo que enfrentar. Fueron arduas jornadas de aproximaciones y
encuentros encabezados por el comisionado con esos grupos, que al fin dieron
uno de los frutos más importantes en el esfuerzo por buscar y construir una paz
genuina.
“Este hecho, que
esencialmente debiera ser la fiesta de los católicos, se ha vuelto fiesta de
todos. Y lo es, porque es un motivo por el que nos hemos desvelado mucho en
este gobierno. Queremos que haya reconciliación y concordia.
“Este es un
ejemplo para muchas comunidades que buscan cauces de solución a sus
antagonismos…Hay alguna parte del corazón humano en el que la política no puede
entrar, pero sí la fe… Los mundos en que nos movemos la Iglesia y el Estado son
diferentes pero pueden ser complementarios cuando convergen nuestros intereses
a favor de la justicia, la paz y la reconciliación. Ahí debemos de
encontrarnos, y especialmente, las iglesias van hallar en su camino a este
gobierno cuando busquemos lo mismo…Desde antes del 8 de diciembre, nuestro
gobierno optó por no ponerse de lado de la violencia ni ser promotor de
problemas, sino parte de las soluciones.
“En Chiapas,
muchos han muerto y han matado injustamente en nombre de la religión. La han
usado como pretexto para perseguir, para expulsar, para apoderarse del
patrimonio de familias enteras…En mi gobierno, ya no se seguirá usando a la
religión como excusa; los vamos a desenmascarar porque ya no queremos que nadie
tenga que matar o morir por un motivo aparentemente religioso”.
Estas fueron las
palabras de Pablo Salazar cuando, el 14 de febrero de 2002, fue reabierto el
templo católico de San José El Limar, en la zona baja del municipio de Tila,
unos años antes campo de batalla de una guerra de aniquilación entre hermanos.
Los mecanismos
de reconciliación estaban funcionando. Para el 2003 el número de desplazados que
retornaban a sus lugares de origen aumentó. Tan sólo en Chenalhó, más de dos
mil familias estaban ya en sus hogares, derivado de un acuerdo de
reconciliación.
La acción
preventiva y de atención directa a conflictos existentes, incluía talleres,
encuentros y propuestas curriculares para incluir la cultura de paz en los
libros de texto de educación básica.
La enseñanza de
la cultura de paz y la resolución pacífica de las diferencias en las niñas y
los niños, eran vitales porque en diez o quince años ellos serían ya ciudadanos
con mayoría de edad y para entonces deberían hacer las cosas de otra manera,
con esquemas incluyentes, democráticos y sin indicadores de violencia. Durante
el sexenio de Salazar Chiapas tuvo la presencia de diversos organismos promotores
y constructores de paz en el mundo, así como de personalidades como la del Dr.
Francis Deng, relator de la ONU para las personas internamente desplazadas en
el mundo y del Dr. Johan Galtung, mediador en conflictos bélicos
internacionales y teórico de la cultura de paz y la reconciliación.
Con los nuevos
esquemas “Se pretende lograr la estabilidad política en donde hubo o haya
conflictos, curando las heridas, eliminando los odios, rencores y rencillas,
fomentando el encuentro de los grupos en conflicto a través, primero, del
diálogo indirecto para discutir los problemas y encontrar posibles soluciones…
dada la diversidad y tamaño del territorio chiapaneco, se atiende una gama de
asuntos que generan conflictos en las comunidades que van desde desplazamientos,
regularización de autoridades comunitarias, sea por problemas agrarios,
políticos o diferencias ideológicas, consolidando los esfuerzos de
reconciliación que el gobierno del estado realiza desde el 2001”.
Al gobernador le
quedaba claro que la reconciliación era una tarea importantísima. Luego de tres
años, los conflictos religiosos, por ejemplo, en Chiapas habían disminuido en
un 93 por ciento. Los lazos tendidos para atenuar los efectos de los conflictos
religiosos fueron buenos. En una radiografía expuesta ante un foro
latinoamericano sobre religión y etnicidad, señaló “La sociedad chiapaneca
presentaba una dura fragmentación y un cuadro de conflictos en el que se
mezclaban aspectos religiosos, reivindicaciones étnicas y planteamientos
socioeconómicos al lado de los factores políticos. Era un cuadro social de
complejidad extrema, como lo definían los propios científicos sociales”.
El gobierno
impulsó la reforma del Código Penal en donde se establecieron los delitos
contra la dignidad de las personas, y se contempló la discriminación por
motivos religiosos. Se distribuyó entre autoridades municipales, líderes
religiosos y representantes comunitarios la Ley de Asociaciones Religiosas,
traducida a las principales lenguas indígenas, tzotzil, tzeltal, tojolabal y
chol.
Además el
gobierno se convirtió en facilitador de la reactivación del Consejo
Interreligioso de Chiapas, en donde participaban diversas iglesias con mayor
representatividad.
La creación de
la subsecretaría de asuntos religiosos a cargo del abogado José María Morales
Medina, jugó un papel altamente relevante en la promoción de la cultura de
tolerancia y el diálogo entre religiones.
El gobierno
logró poco a poco, con el impulso de políticas públicas, inspiradas en la
cultura de paz, la construcción de un nuevo tejido social a partir del respeto
a los marcos legales nacionales e internacionales. Es decir, desde el seno
mismo de las comunidades indígenas se construyeron condiciones sociopolíticas
para una nueva convivencia a partir del reconocimiento de sus derechos y el
fortaleciendo de la reconciliación entre los diversos actores políticos del
estado.
La plataforma
para un nuevo Chiapas, fincado en la cultura de paz y la justicia social,
estaba construida.
En un hecho inédito, en el 2000 se dio cabida a la alternancia que marcó el comienzo de un nuevo Chiapas de desarrollo, estabilidad social, paz y una vida mejor.
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